Una nutrida columna de trabajadores de la clínica Constituyentes de Morón se movilizó por las calles del distrito para hacer conocer su situación y reclamar a las autoridades el pago de los salarios adeudados. La concentración llegó hasta la sede de la empresa de medicina Vita’s, administradora histórica del establecimiento sanitario. En la actualidad el centro de salud está gerenciado por la empresa Nextmedici cuyas caras visibles son Ramiro Britos y Luis Videla. Una fuerte presencia policial rodeó el lugar, sobre la calle 25 de Mayo al 300, para evitar incidentes.
“Desde hace dos años venimos con estos atrasos salariales exagerados. Hoy tenemos dos meses de sueldo adeudados, dado que el salario de mayo lo terminaron de pagar la semana pasada y en cinco cuotas. Hoy nos deben junio y julio, dos medio aguinaldos, el de diciembre pasado y el de mediados de 2022, y horas extras a un grupo importante de trabajadores, que son más de 120 personas”, comentaron los voceros del grupo de empleados y empleadas de la clínica que participaron de la marcha. Sus nombres, por temor a represalias, prefieren que no sean publicados.
En conversación con Primer Plano Online, la mayoría de las y los consultados coincidió en que el panorama “es sombrío”. Durante la caminata pasaron por la sede de la Secretaría de Trabajo, frente al Municipio, y concluyeron en la prepaga. Apuntan sus críticas a Karina Piccinin, la figura saliente de la familia que supo administrar la clínica.
Son, en total, 350 hombres y mujeres que viven de su trabajo y no tienen lo mínimo indispensable para llevar el pan a su casa, del que en muchos casos es el único ingreso. Pese a la dramática situación, el centro de salud está brindando atención en guardia clínica y algunas cirugías.
“Hace unos años supo ser un emblema del oeste, pero la administración fraudulenta por peleas que se sucedieron en la familia promovió el vaciamiento. Karina Piccinin desapareció durante cuatro años y volvió tras desplazar a su tío Mario, que sostenía la conducción. Cuando ella quedó a cargo la situación devino de mal en peor”, se quejaron.
Para graficar el momento que atraviesan, una trabajadora contó que “nos estamos ayudando entre todos”, y lo graficó: “nos cargamos la SUBE para seguir yendo a trabajar, esperanzados de que esto se solucione”. El pasivo, según estiman los actuales propietarios, supera los 1.800 millones de pesos en distintos conceptos.
