Un novedoso fallo de la justicia de La Matanza pone blanco sobre negro sobre un tema que sigue generando polémica: el uso de celulares en las cárceles. En este caso, lo dispuso la jueza Mary Mabel Castillo, a cargo del Juzgado de Garantías N° 1 de ese Departamento Judicial, y a propósito de una solicitud planteada por el fiscal Marcelo Diomede.
La decisión recayó sobre 25 imputados en total, acusados de ser parte de una organización que extorsionaba víctimas, varios de ellos desde el complejo penitenciario en el que se encuentran privados de su libertad por diversos delitos. Operaban desde la Unidad 43 de González Catán y la unidad 58 de Lomas de Zamora, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La causa, de la que informó hace un par de semanas Primer Plano Online, es la denominada Gemidos TV: una página con contenido para adultos que servía de anzuelo para captar a quienes luego recibían pedidos de altas sumas de dinero para que sus datos no sean divulgados.
Cómo operaba la organización
Los delitos de la organización comenzaban en el mismo momento en que cada usuario ingresaba a la plataforma, en la que tenía que poner sus datos para poder acceder a la compra de packs de prostitución (escorts). En rigor, lo que había allí era un diálogo que comenzaba con la supuesta prostituta para establecer vínculo y luego concretar un encuentro personal, que se cotizaba previamente.
Sin embargo, poco después empezaba la extorsión: que el cliente habló con una menor de edad y para no ser denunciado y sufrir un escarnio público debía transferir distintas sumas de dinero. Las amenazas se hacían con la información que la propia víctima había aportado y los delitos se cometían usando las denominadas cuentas mula.
Es decir, gente que vende sus datos para crear usuarios en billeteras digitales y así poder recibir montos de dinero cobrando un porcentaje mínimo a cambio. No fue una víctima: en el expediente judicial ya son una docena los denunciantes, naturalmente con la vergüenza que implica realizar una presentación por hechos como este.
El primer caso que llegó al fiscal Diomede y que fue la punta del iceberg fue lo expuesto por un joven que reveló haber pagado 5 mil dólares en las inmediaciones de la plaza central de la localidad de Tapiales. Sin embargo, volvió a recibir llamadas extorsivas y debió abonar otra cifra similar en un punto de encuentro de Isidro Casanova mas una transferencia de 3 millones de pesos.
La fuerte decisión judicial
La jueza Castillo aceptó el pedido del fiscal de prohibir a los detenidos en esta investigación que tengan acceso a celulares o dispositivos con internet en sus lugares de detención. El argumento central del planteo hecho por Diomede es que quienes permanecen privados de su libertad tienen derecho a la comunicación y eso está amparado en el protocolo que regula el uso de los celulares luego de la pandemia, pero la Ley Federal de Comunicaciones establece que pueden restringirse los contactos con el mundo exterior si esas llamadas, mensajes, correos electrónicos o cualquier otra forma digital afecta la seguridad común, como claramente esta gente hacía.
“La medida requerida es procedente”, afirmó la magistrada en su resolución, debido a que el objetivo es “evitar que se sigan perpetrando los efectos del delito y el entorpecimiento de la investigación”. “Muchos de los involucrados ya se encontraban privados de su libertad y utilizaban dispositivos para seguir delinquiendo y estar en contacto con el mundo extramuros para facilitar su actuar”, completó.
En paralelo, la titular del Juzgado de Garantías dictó la prisión preventiva de 25 de los imputados en la causa: Juan Andrés Aranda; Ricardo Yair Córdoba; Gustavo Javier Martínez Duré; Dylan César Giménez Almada; José Agustín Alcaraz Órdenes; Nelson Luis Landriel Chaparro; Brandon Gastón Chamorro; Matias Ezequiel Scarampo; Braian Alberto Vallejos; Erik Patricio Berjano; Cristian Andrés Villarreal; Víctor Hugo Albornoz; Elías Javier Sotelo; Juan Manuel Córdoba; Claudia Susana Molina; Ángela Beatriz Molina; Alberto Nicolás Gómez; Eliana Soledad López; Soledad Stefanía Jiménez; Silvia Andrea Alcaraz; Sabrina Beatriz Ledesma; Víctor Damián Maidana; Ruth María Centeno; Xoana Lucila Almada y Nelson Rodrigo Almeida.
Además de las preventivas, la Cámara de Apelaciones denegó los recursos presentados por varios de los imputados para ser excarcelados. La causa no está terminada: hay nuevas medidas en curso en torno a nuevas detenciones y continúan el seguimiento de la ruta del dinero para conocer el destino final. La carátula es extorsión y asociación ilícita.
El fallo La Matanza es particularmente interesante porque sienta precedente. En abril pasado, la condena a 20 años de prisión contra un sujeto que desde la cárcel extorsionó durante varios meses a una adolescente de Ituzaingó contempló un pedido similar hecho por la Fiscalía que intervino en el juicio, pero el tribunal que dictó la sentencia denegó el planteo por no estar regulado en alguna legislación vigente.
