El 3 de febrero de 2023, la mamá de una adolescente domiciliada en Ituzaingó se presentó a la justicia para denunciar el padecimiento que vivía su hija, de 15 años por entonces. La mujer había recibido el llamado de una profesora de danzas de la menor que le informaba que la adolescente le estaba solicitando dinero porque un hombre la estaba extorsionando con publicar videos y fotos íntimas de ella. Ese fue el inicio de la investigación.
La madre encaró a la joven, la indagó sobre lo que ocurría y la víctima rompió en llanto. Y le contó todo: su padecimiento comenzó el 12 de enero de 2020, cuando la contactó un chico con el que comenzó a dialogar de manera virtual primero por la red social Instagram y luego por WhatsApp. Pero no era un menor de su edad: era, en rigor, un adulto y que estaba preso.
En un estado de extrema vulnerabilidad, la víctima le contó todo a su mamá y le mostró las evidencias digitales que conservaba. Los diálogos eran verdaderamente impactantes: el pervertido había tomado absoluto control de la chica en poco tiempo, y la había obligado a grabar imágenes con contenido sexual en contra de su voluntad. Lo hacía bajo amenazas de develarlas públicamente si ella se negaba y hasta de “matar a toda su familia”.
La extorsión comenzó cuando le solicitó fotos en ropa interior para presentarla en una campaña de modelaje. Después empezó a pedirle imágenes desnuda primero y de sus genitales luego, incluso en situaciones de intimidad. Fue así que la sometió a diversos actos contra su integridad sexual que no vienen al caso describir, pero que quedaron probados en la investigación judicial. El límite a esos padecimientos comenzó con la denuncia de la madre y la intervención de especialistas para detectar quién era el autor.
La extorsión y el robo de tarjetas de crédito y débito
Además de las vejaciones y la alteración del normal desarrollo psíquico y sexual para la edad, el pervertido tomó dominio de otro aspecto de la víctima: el robo de la identidad de sus padres. La adolescente, que ya era extorsionada abiertamente, tuvo que entregar los datos de las tarjetas de crédito y débito de su familia, además de hacer depósitos de dinero mediante el sistema de cobros Pago Fácil y Rapipago en una cuenta con nombre falso, y en una billetera digital denominada ‘Prex Card’. Todo para que las imágenes no salieran a la luz.
Una investigación realizada por la Fiscalía Nº 5 de Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, logró terminar con el secuestro virtual que padecía la menor y descubrir el origen de la operación delictiva. Así, luego de los rastreos de rigor al número y las cuentas que era origen de las comunicaciones se llegó hasta el autor, que cumplía condena en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana y había sido trasladado a Florencio Varela, establecimientos ambos pertenecientes al Servicio Penitenciario Bonaerense.
Como informó Primer Plano Online, el sujeto fue identificado como Orlando Tristán Novillo, a quien le allanaron su celda en febrero de 2024 y le secuestraron un celular con el que cometió “un sinnúmero de delitos”. Por caso, le detectaron en el almacenamiento 134.811 archivos, muchos de ellos de abuso sexual infantil, además de capturas de pantalla de conversaciones, documentos de identidad, así como datos de movimientos de dinero.
La cantidad de delitos que le probaron al acusado
La evidencia probatoria fue lapidaria en el juicio, que se llevó a cabo ante el Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón. Y los jueces Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Gerez le impusieron la pena de 20 años de prisión al imputado por una multiplicidad de delitos comprobados, de los que fue autor. Así lo había solicitado el fiscal del debate, Patricio Pagani.
La sumatoria de hechos fueron abuso sexual con acceso carnal en concurso real con producción de imágenes de una persona menor de edad con representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales agravadas por ser la víctima menor de 13 años, corrupción de menores agravada por haber mediado intimidación, tenencia de representaciones de personas menores de 13 años de edad dedicadas a actividades sexuales explícitas y de la representación de sus partes genitales; extorsión y defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito.
La instrucción del caso fue tomada como un caso testigo por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que aportaron tecnología para descubrir las maniobras. También fueron parte del esclarecimiento y detección del imputado las funcionarias judiciales Mariana Soliz Avalos y Gabriela Traini, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Morón, autoridades y grupos especiales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
