Una investigación judicial y de la división Casos Especiales de la Policía bonaerense permitió desbaratar organización delictiva que operaba desde la Unidad Penal 43 de González Catán, en La Matanza, y que extorsionaba a víctimas que ingresaban a la página Gemidos TV a consumir material para adultos. Hay 22 detenidos en total, entre privados de su libertad y familiares, y agentes penitenciarios involucrados.
Según pudo saber Primer Plano Online con fuentes con acceso al expediente en trámite, los delitos comenzaban en el mismo momento en que cada usuario ingresaba a la plataforma, en la que tenía que poner sus datos para poder acceder a la compra de packs de prostitución (escorts).
El audio de una extorsión
En rigor, lo que había allí era un diálogo que comenzaba con la supuesta prostituta para establecer vínculo y luego concretar un encuentro personal, que se cotizaba previamente. Sin embargo, poco después empezaba la extorsión: que el cliente habló con una menor de edad y para no ser denunciado y sufrir un escarnio público debía transferir distintas sumas de dinero.
Las amenazas se hacían con la información que la propia víctima había aportado y los delitos se cometían usando las denominadas cuentas mula, esto es decir, gente que vende sus datos para crear usuarios en billeteras digitales y así poder recibir montos de dinero cobrando un porcentaje mínimo a cambio. No fue una víctima: en el expediente judicial ya son una docena los denunciantes.
Una entrega de dinero controlada
La causa madre a partir de la denuncia realizada el pasado 7 de abril recayó en el fiscal Marcelo Diomede, de la UFI N° 5 de La Matanza. El primer caso al que tuvo acceso y que fue la punta del iceberg fue lo expuesto por un joven que reveló haber pagado 5 mil dólares en las inmediaciones de la plaza central de la localidad de Tapiales. Sin embargo, volvió a recibir llamadas extorsivas y debió abonar otra cifra similar en un punto de encuentro de Isidro Casanova mas una transferencia de 3 millones de pesos.
Lo primero que determinó la justicia, mediante la interceptación de las líneas de donde provenían las llamadas, era que esas comunicaciones impactaban en celdas de la zona de la Unidad Penitenciaria N° 43 de González Catán, perteneciente al Servicio Penitenciario Bonaerense.
Una vez que la pesquisa centró su análisis en el mecanismo de extorsión, el denunciante volvió a recibir una intimidación para entregar más dinero. Y la justicia diseñó un pago pactado a modo de anzuelo: le hizo acordar un encuentro, en este caso en Lomas del Mirador, para llevar el monto exigido. Y fue una mujer la que se presentó a “cobrar”, que fue detenida de inmediato.
La particularidad del caso es que mientras todo se desarrollaba estaba en llamada con el jefe de la organización, preso en la mencionada cárcel. Johanna Tamara Insaurralde es la acusada, pareja de Marcos Emanuel Prado Herrera, líder de la estructura delictiva. Ese hecho desencadenó los allanamientos en la celda del acusado, que operaba con otros 9 sujetos también privados de su libertad en el establecimiento carcelario.
Secuestros en las celdas
En total, la Policía les incautó 15 teléfonos celulares “ingresados de manera irregular ya que no se encontraban registrados ante el área de registros de esa unidad carcelaria”, precisaron los voceros, entre los cuales se encontraban los 3 teléfonos con los que hacían las llamadas. También secuestraron más de 50 chips y una computadora (cpu) con antena y conexión a wifi.
La trazabilidad en el seguimiento de las transferencias permitió determinar al resto de los usuarios vinculados a la organización, que operaba extramuros. También hay personal penitenciario investigado: son 4 agentes a los que ya el organismo les inició un sumario administrativo más allá de la causa penal que enfrentan. A uno en particular le detectaron haber recibido un monto de $1.400.000 que no pudo justificar.
Los 22 detenidos y el resto de los sindicados que todavía no fueron indagados enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, extorsión (10 hechos), cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público para los guardiacárceles. Para llegar a la totalidad de la estructura la jueza Mary Mabel Castillo, del Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, dispuso la realización de allanamientos en domicilios de ese distrito, de Lomas de Zamora, Moreno, Merlo y Malvinas Argentinas.
