El Municipio de La Matanza salió a brindar su versión de los hechos que terminaron con la masacre de González Catán, en la que sicarios asesinaron a cinco ciudadanos bolivianos y dos de los otros cinco heridos quedaron en grave estado.
“El Municipio de La Matanza comunica que en 2022 hizo las correspondientes actuaciones policiales y judiciales, y que en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, manifestó el gobierno del intendente Fernando Espinoza.
Según las autoridades matanceras, la justicia entonces dictó la medida de no innovar, “la cual aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”. “En la práctica, esto significa que, por haber recurrido a la Justicia también quienes usurparon esos terrenos, la decisión se mantiene en un status quo en tanto avanzan las acciones legales”, consignaron desde la comuna.
EL RECUERDO DE UNA TOMA SANGRIENTA EN MORENO
La zona en cuestión fue definida por las autoridades locales como “una tosquera abandonada que pertenece a dueños particulares”, que fue usurpada dos años atrás por todo indica un grupo de ciudadanos paraguayos que luego loteó el predio y lo comenzó a vender. Allí vivían cerca de un centenar de familias. “El Municipio tomó conocimiento (de la toma) por información policial”, describieron, lo que contradice la versión brindada por la propia Policía sobre que desconocía el lugar.
A partir de conocida la toma, los abogados del Municipio radicaron la denuncia “en la Fiscalía Descentralizada N° 2, en la actualidad a cargo del fiscal Gastón Duplaá”, indica el comunicado del gobierno local. En rigor, la intervención en el expediente estuvo a cargo de la fiscal anterior. “La citada medida judicial de no innovar dictada impidió que se desalojara a ninguno de los usurpadores y pretendía que no ingresarán nuevos ocupantes”, agregaron. Es decir, para la comuna la responsabilidad del avance de esa toma fue responsabilidad de la justicia.
“El Municipio de La Matanza repudia este salvaje hecho y acompaña con su Oficina de Asistencia a las Víctimas a los familiares de los fallecidos y de los heridos, para quienes es todo nuestro acompañamiento y solidaridad frente a este tremendo dolor que les toca vivir”, expresaron.
Y advirtieron sobre “el accionar delictivo de inescrupulosos que, aprovechándose de un estado de necesidad, venden tierras ajenas, que tienen dueños y que de ningún modo pueden regularizarse, quedando a merced de futuros desalojos”.
EL PRONUNCIAMIENTO DE LA IGLESIA
Los obispados de San Justo y de Laferrere, ambos con jurisdicción en La Matanza, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que repudiaron la violencia y advirtieron sobre la “mercaderes de la muerte que, desde organizaciones narco y delictivas de todo tipo, tienen apresadas a nuestras familias y sobre todo a nuestros jóvenes”.
“Queremos solidarizarnos con las familias que ayer sufrieron la violencia y hoy lloran el asesinato de sus seres queridos por estas organizaciones del mal y del crimen que actúan impunemente en nuestros barrios y territorios aprovechándose de la necesidad de los más pobres y frágiles”, manifestaron ambas diócesis.
“La realidad de buscar un futuro mejor tiene desafíos muy difíciles. Lo más importante es poder acompañarnos y comprender las necesidades que se tratan de concretar en un terreno, en una vivienda. Por eso, en este momento tan triste y de gran desolación que están viviendo hermanos, sean de la nacionalidad que sean, tenemos que estar cerca y pedirle a Dios y a nuestra Madre que los proteja”, agregaron.
Y cerraron: “igualmente, junto con nuestra oración hacemos el pedido imperioso a las autoridades para que establezcan los medios necesarios y que no sigamos llorando la muerte violenta de tantos hermanos nuestros”.
