Una familia de papá, mamá y cuatro hijos, todos menores de edad e incluido un nene con autismo, fue desalojada por la Policía de la vivienda que ocupaba hace siete años en Ituzaingó. El hecho provocó una fuerte reacción en el barrio, que se manifestó de manera solidaria con las personas que se quedaron literalmente en la calle.
Luis Meza, su esposa y las criaturas de diez, nueve, ocho años y ocho meses el último recibieron hoy la visita de dos oficiales de justicia junto a una comitiva policial y un abogado para concretar el desalojo del domicilio de la calle 2 de Abril al 2800, entre San Salvador y Ecuador.
La orden fue emanada por el Juzgado Civil y Comercial Nº 11 del Departamento Judicial Morón, y ejecutada por personal de la comisaría 4ª de Ituzaingó, con jurisdicción en la zona, en presencia de las oficiales de justicia Natalia Escames y Analía Verónica Zárate.
Además, participó para preservar a los menores personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Ituzaingó (DINAI), y toda la secuencia fue presenciada por el abogado Leonardo Ponte Wisto, representante legal del propietario de la finca. Mientras la presencia policial y de la justicia provocó resistencia de parte de los ocupantes, el personal municipal intentó poner a resguardo a los menores y las pertenencias de la familia desalojada.
HISTORIA DE UNA USURPACIÓN
El trámite judicial en reclamo de la propiedad comenzó allá por 2018, cuando el legítimo dueño, que la había comprado al anterior titular, intentó tomar posesión del inmueble y se encontró con que estaba ocupado. El tema es que la finca estada deshabitada, porque el anterior propietario tuvo una denuncia por abuso sexual y fue, literalmente, echado del barrio. En ese momento la familia se instaló en el domicilio y el nuevo dueño, ante la imposibilidad de acceder al predio, inició una demanda penal por usurpación.
Luego de un año de investigación, la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó ordenó que se debía acudir por la vía que correspondiere (es decir, una acción civil) para resolver el litigio. Por ello, en el año 2019 se dio inicio a un juicio de desalojo en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 11 del Departamento Judicial de Morón.
El proceso transcurrió sin la participación de la familia que intrusó la vivienda a pesar de ser notificada en reiteradas oportunidades, hasta que en septiembre de 2022 la jueza Gabriela Fernanda Gil dictó sentencia y dispuso la restitución de la propiedad al titular. En esas circunstancias, con la intimación de entregarla en diez días, Meza acudió a la Defensoría Oficial de Morón para solicitar que no se ejecute la sentencia por la presencia de menores en el lugar.
La magistrada fijó audiencia para noviembre para conocer la intervención de los servicios locales de defensa de la niñez, que ya habían tenido participación en el expediente. Entonces reactivó lo que se conoce como orden de lanzamiento, que no es otra cosa que la autorización para el desalojo del inmueble en cuestión, que es lo que se ejecutó ayer. Pocas cosas más antipáticas que este tipo de medidas, sobre todo cuando hay menores en el medio.
“Mi cliente ofreció alquilar una propiedad a la familia con un año de locación pago, para que pueda reacomodarse laboral y económicamente, pero no lo aceptaron. El ocupante refirió que consideraba que tenía derechos adquiridos y que no se iba a retirar”, precisó el abogado Ponte Wisto en conversación con Primer Plano Online.
El letrado informó que el día anterior al desalojo su cliente intentó conversar con Meza, pero lo único que recibió como respuesta “fueron amenazas y la negativa a dejar la vivienda”, completó el abogado. Así, la manda judicial se concretó ayer por la tarde y la familia ocupa quedó en la calle, incluso con el traslado a la comisaría del lugar por la resistencia ofrecida y los incidentes que se generaron. Incluso hoy hubo amenazas hacia el personal policial y judicial actuante.
