Una ordenanza fiscal e impositiva, la punta del iceberg que destapó el escándalo por venta de tierras fiscales en Merlo, del cual Primer Plano Online informó ampliamente en estos días, luego de la detención de tres funcionarios municipales y el hermano de uno de ellos.
Así lo reveló el exconcejal Jorge Blanco Schmidt en conversación con Adrián Noriega en la emisión semanal del programa periodístico Primer Plano. Es que allá norma, votada por 23 de los 24 ediles que tenía el cuerpo a finales de 2017, representó un fuerte impuestazo para vecinas y vecinos, que pasaron a pagar aumentos exorbitantes, con ejemplos que se dispararon desde $410 a $30.000 por idéntico terreno.
Los principales afectados fueron los quinteros, en la zona de Mariano Acosta, zona rural sin alumbrado ni barrido y mucho menos limpieza. Semejante incremento quedó establecido en la ordenanza que lleva el número 5494 y, si bien hubo algunas correcciones, lo cierto es que mucha gente dejó de pagar el tributo por considerarlo “confiscatorio”.
“Esta operatoria tiene inicio en aquella ordenanza, con la que Menéndez tenía la intención de quedarse con las propiedades de la gente, principalmente con la de aquellos que tuvieran extensas tierras”, aseguró Blanco Schmidt, quien recordó la entrevista personal que mantuvo con el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand, en La Plata. A ese nivel llevó la denuncia el exconcejal.
“Esta venta ilegal de tierras es responsabilidad del intendente y de su hermana, que es la titular del área. Ambos son responsables, porque Menéndez le sacó la dependencia a la Secretaría de Gobierno y la mandó a Desarrollo Social”, refrescó Blanco Schmidt.
Son tres los funcionarios de la Subsecretaría de Tierras y Viviendas de Merlo los involucrados. Hernán Acuña Amadeo, director del área; Facundo Abud Lemme, subdirector, y Luciano Guerrieri, también funcionario de esa dependencia. El hermano de este último, Facundo Guerrieri, también está arrestado en la causa pero con el agravante de que en la camioneta en que viajaba encontraron plantas de marihuana y su situación podría ser derivada a la fiscalía de drogas por la tenencia ilegal de estupefacientes.
A los cuatro, que ayer se negaron a declarar ante el fiscal Mario Ferrario, el juez de Garantías Nº 1 de Morón, Alejandro Lago, los dejó detenidos. Están acusados de asociación ilícita, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
