Mariano prefiere no dar a conocer su apellido públicamente, aunque figura en el mega expediente de varios cuerpos entre los tantos denunciantes de la organización que estafaba con la venta de tierras fiscales en Merlo. Él es doble servidor público: es policía de la Federal y también bombero voluntario de ese distrito.
“Mi familia hace 40 años que se brinda por la comunidad y nos pagan de esta manera”, reflexiona en la charla telefónica con Primer Plano Online. Es uno de los primeros denunciantes de la estructura enquistada en el seno del gobierno municipal del intendente Gustavo Menéndez para lucrar con terrenos estatales y privados de una manera alevosa, que está siendo desenmarañada por la justicia y que tiene a tres funcionarios detenidos y a un familiar de ellos también tras las rejas.
Hernán Acuña Amadeo, director de la Subsecretaría de Tierras y Viviendas; Facundo Abud Lemme, subdirector del área, y Luciano Guerrieri, también funcionario de esa dependencia están acusados de asociación ilícita, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hermano de Guerrieri, Facundo, también está arrestado en la causa pero con el agravante de que en la camioneta en que viajaba encontraron plantas de marihuana y su situación podría ser derivada a la unidad de drogas por la tenencia ilegal de estupefacientes.
En enero de 2019, Mariano se presentó en la justicia. Lo que le pasó fue lo siguiente: la casa en la que él vive era de su abuela, que la compró en 1991. “Está toda la documentación de Rentas de provincia firmados a nombre de ella. Siempre los impuestos estuvieron al día, y no había escritura porque el terreno figura como baldío. Pero a principios del año pasado no llegó la boleta ninguno de los dos primeros meses y cuando fui a avisar a la Municipalidad me respondieron que no iba a llegar porque el terreno estaba a nombre de otra persona y ya no más a nombre de mi abuela”, contó el damnificado.
La sorpresa del hombre fue mayúscula. Es que la propietaria del predio falleció en 2012, y la familia decidió que él siga viviendo allí, donde había compartido la casa con la mujer por varios años. Mariano quiso hacer el cambio de titularidad pero desde el gobierno comunal le dijeron que no porque no era hijo, aunque le dio la venia para seguir pagando en nombre de ella.
“Así lo hice hasta que un día el terreno apareció a nombre de un tal Juan Agüero, con domicilio en José C. Paz, que nunca apareció por mi casa. Después de hacer la denuncia y poner un abogado, recién en enero de este año la Municipalidad cambió el impuesto a mi nombre”, contó Mariano. Pero en febrero de 2020, otra vez apareció Agüero como titular de la partida municipal.
MENÉNDEZ DEFENDIÓ LA ACTUACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL CASO:
Hubo dos hechos que terminaron por indignar a la familia víctima de esta maniobra que pretendió quitarle la propiedad. Por un lado, una carta que le mandó de puño y letra al intendente Gustavo Menéndez, que el jefe comunal jamás respondió. “No creo que el intendente haya ignorado esto durante tanto tiempo. Y si no lo sabía, no entiende nada. Por acción o por omisión, para mí el intendente es responsable”, sentenció.
El otro hecho que terminó de indignar a Mariano es que Agüero lo denunció por usurpador. El terreno en cuestión, que es su vivienda familiar, está ubicado en Villa Posse, en la localidad de Mariano Acosta. Fue una de las puntas del iceberg en las que se basó la justicia para dar el golpe que dio el viernes pasado. Un escándalo político de proporciones.
