Nota editorial de opinión
Es hora de actuar. Puede sonar injusto, afectar derechos individuales y personales, pero la necesidad del momento lo justifica. Al menos en la emergencia.
La provincia de Buenos Aires tiene que prohibir de una vez por todas que dos personas circulen en moto. No puede haber miramientos frente a la cantidad de ataques de motochorros que se llevan vidas o las dejan arruinadas.
La población exige que las autoridades estén a la altura y tomen determinaciones fuertes. Que busquen ejemplos internacionales y lo hagan con celeridad. Que se nutran de experiencias exitosas para dar la batalla que requiere la urgencia.
Ejemplos hay por doquier. En Medellín, Colombia, nadie discute sobre el tema. En la provincia de Sullana, en Perú, rige una ordenanza local desde septiembre del año pasado. Esa política pública contempla la prohibición de dos personas en una sola moto, restringe el uso de cascos que cubran totalmente el rostro, pasamontañas, máscaras y objetos similares que dificulten la identificación del conductor.
Está claro: con cámaras de seguridad, con patrulleros en determinadas zonas calientes del delito y con la inversión estatal y privada, de cada familia, no alcanza. Los motochorros atacan a cualquier hora y lugar, y no tienen reparos en matar si se les cruza hacerlo.
Tampoco hace falta que la gente se arme o que vecinos se conviertan en justicieros. Mucho menos que un colectivero interceda ante un hecho delictivo, porque ahora ese trabajador carga consigo una muerte de la que no es culpable, pero sí responsable, como sucedió ayer en San Justo. Quienes contradicen la idea dirán que también hay robos tipo piraña en autos o hasta caminando. Piensen algo para esos casos, no inhiban este debate.
El conurbano está inmerso en una cantidad de hechos similares con idéntica metodología. No es un medio de comunicación el que tenga que decir de qué manera ejecutar políticas públicas para el combate contra el delito, pero lo que las autoridades no pueden hacer es seguir mirando para otro lado. O dar cuenta de que lo que sucede es obra de un destino frente al cual nada hay por implementar.
Tampoco es momento de diagnósticos, que sobran. Lo que se necesita es una acción concreta que determine nuevos parámetros y al menos le reste una herramienta al delito. Habrá injusticias, por caso, ante quienes trabajan con sus motos haciendo traslados. En ese caso la obligación será encontrarle la vuelta a eso, con identificaciones a la vista u otra acción que respete la legislación laboral, pero no por eso no avanzar.
La decisión está en manos de las autoridades. No hacerlo convierte a gobernantes de todo tipo de jerarquía en cómplices del delito. La sociedad lo reclama. La memoria de las víctimas también. Y no es necesario armar grandes proyectos y esperar debates en los parlamentos. Ejecuten acciones concretas. Verán que encontrarán eco en una sociedad harta.
