La noticia es una verdadera bomba para la salud de la región oeste. Los trabajadores de la Clínica Constituyentes de Morón están desahuciados. Las esperanzas de cobrar los sueldos atrasados y conservar su fuente laboral es cada vez más remota. El último recibo de sueldo completo que obra en el poder de todos ellos data del mes de junio y desde entonces los pagos les fueron realizados en cuenta gotas.
De los 400 trabajadores que iniciaron la lucha hoy quedan tan solo 240, ya que muchos se fueron yendo en busca de otro empleo que les permita sobrevivir. La penuria es tal que los administradores de clínica le cargan crédito en las tarjetas SUBE de los trabajadores para que se puedan trasladar hasta el establecimiento.
Nicolás Jarouge, delegado de la Clínica Constituyentes de Morón le explicó a Primer Plano Online: “No quisimos hacer la toma del edificio porque somos gente de laburo, no somos violentos. Ellos son los violentos por no pagar, por amenazar y por basurearnos”, resume en la puerta del establecimiento médico donde se reunieron para protestar por la falta de pago de 8 sueldos y 3 aguinaldos, luego de que el gerenciador de la clínica, Luis Videla -cara visible de la empresa Netmedici- les espetara: “Si no les gusta ya saben lo que tienen que hacer”.
De la última reunión realizada en el Ministerio de Trabajo participaron la delegada regional del ministerio, María José Martínez; el secretario general del gremio de la Sanidad, Jorge D´Andrea, y la representante de Inspección Provincial enviada por el ministro de Trabajo Walter Correa. De allí surgió la conclusión que Jarouge compartió con nuestro medio: “no hay manera de revertir esta situación salarial si no es por la inyección de capitales externos”.
Mientras tanto, los trabajadores siguen esperando al menos que les depositen parte de lo adeudado para sobrevivir. Por caso, están expectantes de recibir los tres FESCAS pendientes correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero. “Son unos $30.000 por trabajador como continuidad del acompañamiento económico previsto en el Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO) para establecimientos privados de salud”.
El representante sindical explica que “no hay forma de revertir la magra facturación mensual: están recaudando unos 40 millones de pesos cuando para que el funcionamiento de la clínica tenga continuidad se necesitarían 120 millones por mes para dar respuesta a los salarios médicos, de personal, insumos y servicios”, resume.
La situación de la clínica es verdaderamente crítica: hay muy pocos internados; la Terapia Intensiva no está funcionando y Neonatología tampoco. El quirófano funciona parcialmente ya que los médicos decidieron no operar los días en que los trabajadores paralizan sus tareas. Pero las cirugías se siguen realizando porque es un servicio caro que permite seguir facturando. “Sin embargo acá llega una parturienta y no tiene asistencia; la tenés que derivar”, se lamentan los empleados.
¿Pero cómo se llegó a esta situación? La deuda que dejó la administración de la familia Pichinini es descomunal: el pasivo asciende a los 1800 millones de pesos. La facturación bajó considerablemente, además de que las prepagas y obras sociales no les pagan.
“Hay gente que no tiene posibilidad de trabajar en otro lado, por eso se aferran a esto”, explica el delegado gremial. Sin embargo en forma terminante, el administrador Videla les informó que si para el 1 de marzo no se revierte la situación, la clínica cerrará sus puertas.
Aunque el único salvavidas es la financiación externa, Jarouge cuenta que también hubo una gestión del secretario general del gremio de la Sanidad, Jorge D´Andrea, ante la AFIP para obtener un plan de pagos de 120 cuotas que les permitiría liberar un préstamo del Banco Provincia por 200 millones de pesos, “algo que está dando vueltas pero también podría concretarse recién después del 1 de marzo”.
La cuenta regresiva está en marcha. Las chances de resolver el conflicto salarial parecen pocas, pero como siempre, la esperanza es lo último que se pierde.
