Hugo una alegría en la tarde noche de ayer en el barrio San Alberto de Ituzaingó: Patricia Tanquía, la vecina que había sido despojada de su propiedad por un matrimonio usurpador al que le tendió una mano solidaria, finalmente recuperó el inmueble de la calle Almagro al 3600, y volvió a ocuparla como hizo durante sus 62 años de vida.
La historia de esa mujer fue narrada por Primer Plano Online en dos artículos publicados la semana pasada. Que el caso haya tomado estado público ayudó en su resolución: el juez Roberto Maximiliano Carletti, a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, dictó la orden de lanzamiento para la restitución del inmueble a su titular, que debía ejecutarse ayer miércoles.
Cuando los efectivos de la comisaría 4ª de San Alberto llegaron al domicilio se encontraron con las rejas cerradas y trabadas con cadenas y candados. Golpearon las manos y nadie respondió, por lo que uno de los efectivos saltó el perímetro y accedió al interior de la casa. Desde allí, con pinzas especiales, llevó adelante la rotura para avanzar con la manda judicial.
Mientras esto ocurría Patricia filmaba con su celular. La acompañaba el concejal libertario Hugo Equiza, quien la acompañó en su reclamo con su equipo jurídico integrado por los abogados Elías Garzón y Jorge Cousello. De a poco, vecinas y vecinos de la cuadra se acercaron al ver el movimiento y el comentario era unánime: “al fin se termina esto”.
“Justicia para Patricia”
Simpática escena popular: chicos de la zona pasaban con sus motos, aminoraban la marcha y gritaban “justicia para Patricia”. Era una forma de celebrar el retorno a la normalidad. Hubo también lugar para escaramuzas y altercados con allegados a los usurpadores, aunque la cosa no pasó a mayores.
Una vez que los policías abrieron las puertas, desde adentro de la casa el matrimonio okupa exigió ver la orden de desalojo. Cuando le mostraron la documentación no opusieron resistencia. Y, a medida que sus pertenencias eran sacadas a la calle, los efectivos debieron constatar que no se llevaran nada que no les correspondiera: intentaron sacar la bomba de agua, por ejemplo, cosa que fue impedida.
El Municipio participó también como auxiliar de la justicia. Además de las gestiones para que se acelere el proceso, personal del Servicio Local supervisó el estado de salud de los menores de edad y se ocupó del destino de esa familia para garantizar el Interés Superior del Niño, tal como indican los protocolos internacionales de cuidado de la niñez. También el Gobierno comunal puso un flete para trasladar las cosas del matrimonio usurpador.
Ya entrada la noche, luego de más de seis horas de trámite, Patricia recuperó su casa. Entre aplausos y abrazos vecinales, la mujer se manifestó agradecida con toda la gente que colaboró para que su reclamo se convierta en realidad. Ahora llega la etapa de reconstrucción: desde hoy mismo una profunda limpieza en la casa para volver a instalarse y dejar atrás la pesadilla que la hizo dormir en la calle.
Para Primer Plano Online queda la satisfacción del deber cumplido: haber puesto el oído a una problemática que se extiende en la región y que tiene al Departamento Judicial Morón con un total de 287 denuncias por usurpación de viviendas en lo que va de 2026. Es evidente que se trata de un problema que crece y que en este caso se logró resolver, aunque hay varios más pendientes.
