Patricia Tanquía tiene 62 años y desde 1980 vive en la casa familiar de la calle Almagro al 3600, en el barrio San Alberto de Ituzaingó. La conocen todos sus vecinos: no sólo por su discapacidad ósea deformante que le afecta la marcha, la movilidad y la vista, sino por su don de gente y la bondad de tender una mano a quien la necesita. Un dato la ilustra: ella es la primera mujer gasista y electricista matriculada en el distrito y actualmente estudia arquitectura.
Así y todo, Patricia fue víctima de una estafa que todavía espera reparación por parte de la justicia. Justamente, por ser solidaria con una conocida del barrio, que no tenía manera de seguir pagando el alquiler y estaba próxima a quedarse en la calle con sus dos pequeños hijos.
El calvario comenzó en junio de 2025, cuando abrió las puertas de su domicilio para que se instale el matrimonio usurpador, que la terminó echando mediante un ardid y una cuchilla de carnicero en el cuello. La víctima durmió 11 noches en una plaza, a la intemperie, y ahora le prestaron circunstancialmente una habitación para poder albergarse mientras espera que le restituyan su hogar.
Ocho denuncias judiciales, una orden de desalojo que no se concretó tras corroborar que en la vivienda hay menores y una mujer que, pese a sus dificultades para desplazarse, todas las noches se acerca al domicilio a darles de comer a sus perros a través de una reja. El mundo del revés contado en primera persona.
El comienzo de los engaños
El 6 de junio del año pasado abrió las puertas de su casa para que Victoria Alejandra Pascua y Gonzalo Ezequiel Quevedo se instalen allí junto a su hija de 13 años y un chiquito de 2. Ese fue el comienzo del drama que atraviesa Patricia, porque en teoría les ofreció a los ocupantes una parte de su terreno de 10 x 41 metros para que se alojen un tiempo mientras conseguían a dónde ir.
Poco tiempo después, en julio de ese año, le hicieron firmar un papel mientras la filmaban con la excusa de que era “para construir en el fondo” de la casa. Tres meses después, ya en octubre, la llevaron en colectivo hasta la escribanía de Juan Pablo Fernández Rogel, en Merlo, para hacerla firmar otro escrito. Pero con un agregado: le hicieron pagar $60.000 del trámite, que nunca le devolvieron.
“Firmá acá, es para construir en el fondo”, fue la frase que oyó. “Lo hice porque ya se estaban poniendo muy densos con ese tema y yo no quería tener problemas”, le contó Tanquía a Primer Plano Online. Es más: ella preguntó -antes de estampar su rúbrica- si seguía siendo la dueña de la casa, y le aseguraron que sí. Pero ese papel terminó siendo una cesión de derechos por cero pesos y ni siquiera describe su casa: habla de otro terreno, en la vereda de enfrente.
El documento fue usado por el matrimonio para tomar potestad de la vivienda y echar a Patricia luego de hostigarla por varios meses. “Andate, que no es tu casa”, le espetaban a diario. También le manifestaban frases como “te vamos a encerrar en un geriátrico”, “te vamos a cagar a palos” y “te vamos a matar”. Ya desde marzo de este año le empezaron incluso a cambiar las llaves de la reja y la dejaban encerrada por varias horas sin siquiera poder usar el baño.
Sin embargo, el punto cúlmine del infierno sucedió a partir de abril, cuando ella radicó la primera denuncia penal. A los pocos días, el matrimonio usurpador le cortó la luz de la habitación y la dejó nuevamente encerrada. Y el 2 de mayo le apoyaron una cuchilla de carnicero en el cuello y la volvieron a amenazar de muerte. “Todo porque saqué el papel de la cesión de derechos de un lugar que estaba custodiado por velas y estatuas de la religión umbanda”, se sinceró la vecina.
El reclamo judicial
Encerrada en su habitación y a oscuras, Patricia alcanzó a llamar al 911 para pedir ayuda. “Cuando llegó el móvil no me pudo trasladar a la comisaría porque se le había pinchado una rueda. Me fui caminando las 15 cuadras hasta la dependencia en medio de la noche. Esa denuncia fue por las amenazas que estaba recibiendo”, contó Tanquía. Y, si bien pudo volver a la casa, el hostigamiento no cesó: gritos, insultos, amenazas y la música a todo volumen.
Ya el 21 de mayo fue el punto cúlmine: le cambiaron el candado y quedó en la calle con lo puesto. La mujer suma un total de 8 denuncias en una causa que tramita en distintos despachos. Arrancó en la Fiscalía Descentralizada N° 1 de Ituzaingó, desde donde en agosto pasado solicitaron al Juzgado de Garantías N° 3 de Morón la ejecución de una orden de lanzamiento, es decir, de desalojo con la fuerza pública. Esa medida nunca se concretó debido a que en el domicilio hay dos menores de edad.
La mujer está representada legalmente por el abogado Jorge Couselo, que es parte del equipo del concejal Hugo Equiza (La Libertad Avanza). En conversación con Primer Plano Online, el letrado confirmó que ahora la causa quedó radicada en el Juzgado de Familia N° 3 de Morón, que todavía no resolvió la cuestión de fondo: la protección de los menores es lo central.
Además, está solicitando que se declare la revocación del documento firmado (la cesión de derechos) ante el Juzgado Civil y Comercial N° 12, también de Morón. “El papel tiene validez y le da derechos a los usurpadores, por eso buscamos revocarlo para que la casa vuelva a sus manos. Al escribano (Fernández Rogel) le llevaron el documento y sólo constató la firma, no vemos responsabilidad en su accionar”, aclaró Couselo.
Una cuestión “caritativa y humanitaria”
Patricia reconoció que accedió a ceder una parte de su casa al matrimonio usurpador por una cuestión “caritativa y humanitaria”. “Iban a hacer un piso y colocar una prefabricada. Se limpió el terreno para hacer la obra, pero cuando me di vuelta ya los tenía adentro y me terminaron sacando todo”, se lamentó.
“Ellos querían un papel a toda costa, algo que les de seguridad. Y como yo no quería problemas terminamos haciendo el papel, que en realidad fue una estafa a mi buena fe”, concluyó la mujer, visiblemente compungida por el momento que le toca vivir, y sobre el cual espera una respuesta judicial. No hay familia del barrio que no se haya solidarizado con ella y que le haya manifestado su disposición a atestiguar en su favor.
Los delitos denunciados en la justicia, que luego deben ser calificados por la Fiscalía interviniente, son usurpación de domicilio, amenazas, defraudación por suscripción engañosa de documento público, coacción agravada, privación ilegal de la libertad, lesiones, daños, abandono de persona y maltrato animal. Es que, como si fuera poco el drama, a Patricia le mataron a tres de sus gatos.
