La Justicia Federal de San Martín ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad reforzar las medidas de cierre, señalización y prevención en los sectores no habilitados de la Autopista Presidente Perón.
El objetivo es impedir el ingreso de vehículos y peatones a zonas que todavía no están en condiciones de ser utilizadas. Además, dispuso que el organismo revise y corrija deficiencias puntuales en los sistemas de contención de los tramos abiertos al tránsito.
La resolución del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien subroga el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, fue en el marco de un amparo presentado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional.
La demanda, impulsada por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reclamó que se reactiven y completen los trabajos que quedaron pendientes de ejecución desde diciembre de 2023, con la asunción del presidente Javier Milei y su decisión de ponerle punto final a la obra pública, y que se habiliten los sectores ya construidos que permanecen fuera de servicio y se garanticen las condiciones de mantenimiento y seguridad de toda la traza.
El caso del nene fallecido en Merlo tras caer de un puente
Sin embargo, el magistrado hizo lugar parcialmente al planteo de la administración de Axel Kicillof. Es que consideró, asimismo, que no está acreditada “una situación uniforme de abandono o inactividad” en la totalidad de la autopista.
En la documentación que presentó Vialidad se informó que, a lo largo de 2026, se realizaron tareas de conservación, mantenimiento y ejecución en distintos sectores, además de medidas de prevención en algunas zonas no habilitadas. La Provincia argumentó con un caso que publicó Primer Plano Online en febrero de este año: la muerte de un nene tras caer de una altura de 15 metros.
Frente a esos argumentos, el juez entendió que sí existía un riesgo específico que justificaba una intervención preventiva. Por eso, ordenó a Vialidad mantener y, si resulta necesario, reforzar los cierres, la señalización y las medidas destinadas a impedir el acceso vehicular o peatonal a los sectores que no se encuentren habilitados.
La obligación también alcanza a los tramos abiertos al tránsito en los que los propios relevamientos técnicos del organismo hayan detectado deficiencias concretas en las defensas u otros sistemas de contención que puedan comprometer la seguridad de los usuarios.
La instalación de peajes, una alternativa para terminar lo que falta
Ante la consulta de Primer Plano Online, fuentes del Ministerio de Infraestructura revelaron cuál es la ecuación que tiene entre sus opciones la Provincia para conseguir los recursos que le permitan financiar la culminación de la obra.
“Si Nación no la transfiere no hay manera”, aclararon desde el entorno del ministro Katopodis. “Si la pasa, iría al sistema AUBASA y con lo que recauda se puede autofinanciar para finalizarla”, agregaron. En síntesis: la instalación de peajes es la única posibilidad que tiene hoy el Gobierno provincial para finalizar los 31 kilómetros que restan de la traza.
Por lo pronto, Vialidad Nacional debe informar a la justicia el estado de las estructuras y realizar las reparaciones, reposiciones o adecuaciones técnicas que correspondan. Además, tendrá que informar al juzgado cuáles son los sectores alcanzados, qué medidas de cierre y señalización adoptó y qué intervenciones realizó para corregir las fallas detectadas.
Es importante aclarar que la cautelar dictada tiene un plazo de 6 meses y que no obliga al Gobierno nacional a reanudar los trabajos, ni a completar la Autopista Presidente Perón ni dispone su traspaso a la administración bonaerense. Esas cuestiones forman parte del reclamo principal y continuarán en discusión dentro del expediente.
El estado actual de la Autopista Presidente Perón
La nueva Autopista Presidente Perón ya cuenta con 52 km habilitados al tránsito de los 83 km totales organizados en 4 tramos que contempla la intervención, cuyos trabajos se encuentran paralizados desde diciembre de 2023.
Los 52 km habilitados al tránsito se extienden entre la RP 40, en el Municipio de Merlo, y la RP 210, en el Municipio de Presidente Perón. La mayor parte de estos tramos fueron finalizados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación entre 2021 y 2023, dado que al iniciar la gestión 2019-2023, solo 9 km del tramo I, entre la RP 40 y la localidad de 20 de Junio en La Matanza, se encontraban liberados al tránsito desde septiembre de 2019.
En octubre de 2021 se inauguraron 6 km del tramo II, entre la RN 3, a la altura de la localidad de Virrey del Pino en La Matanza, y la Au Ezeiza-Cañuelas, mientras que en septiembre de 2023 se realizó la habilitación del distribuidor de la RP 40, y de 22 km de los tramos II y III, entre la Au Ezeiza-Cañuelas, a la altura de Tristán Suárez, en el municipio de Ezeiza, y la RP 210, a la altura de Guernica, en el partido de Presidente Perón. Por último, en diciembre de 2023, se habilitaron otros 15 km de los tramos I y II, entre la localidad de 20 de Junio y la RN 3 en La Matanza.
De los 31 km que resta finalizar, 18,5 km ya se encuentran construidos, pero sin habilitación al tránsito por tareas complementarias pendientes, mientras que en los otros 12,5 km deben resolverse cuestiones vinculadas con la expropiación de los terrenos por donde pasaría la nueva traza. Además, desde diciembre de 2023, los trabajos quedaron paralizados por falta de financiamiento del Gobierno Nacional.
