En el marco del explosivo crecimiento del endeudamiento y la morosidad de las familias, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció una serie de medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales ante la cantidad de denuncias acumuladas por las fintech por “abusos e incumplimientos” a la ley de Defensa del Consumidor.
Acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, el mandatario provincial enfatizó que “esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei, donde las familias vieron caer sus ingresos y debieron recurrir al crédito para comprar alimentos, acceder a remedios y pagar el alquiler”.
Según se detalló, las acciones que prevé la Provincia ya están en curso: las billeteras digitales involucradas deberán presentar sus descargos luego de las intimaciones recibidas a propósito de los intereses que cobran por préstamos, que superan ampliamente los del mercado financiero.
En caso de demostrarse incumplimientos, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir las cláusulas que derivaron en el monto adeudado. El ejemplo de Mercado Libre, que quitó de sus contratos 10 capítulos que violaban la ley de consumidores, es el mismo que se aplica en este caso.
La grave situación de endeudamiento
Para Kicillof, “en nuestro país hay una situación de gravedad extraordinaria: no solo el 60% de la población adulta está endeudada, sino que cerca de 6 millones de personas se encuentran en situación de mora y no pueden pagar las deudas que contrajeron”.
“En este contexto tan complejo, el sector de las billeteras virtuales ya no solo opera como un medio de pago, sino que coloca fondos y otorga créditos sin las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras entidades con el objetivo de evitar crisis sistémicas”, subrayó el Gobernador.
Por su parte, Costa sostuvo que “sólo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”.
“Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, explicó. Eso es lo que podría derivar en las sanciones de rigor: el poder de Policía en el ámbito provincial está otorgado por la normativa vigente, más allá de regulaciones a la actividad que pertenecen al Banco Central.
Estuvieron presentes en la conferencia de prensa el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, entre otros funcionarios provinciales y municipales.
