La Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón confirmó la prisión preventiva del oficial de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, acusado de haber asesinado a Juan Cruz Leal e intentar matar a su amigo Daniel Enrique Khune el pasado 12 de marzo en Ituzaingó.
Los jueces Fabián Cardoso, Fernando Bellido y Diego Grau rechazaron hoy el recurso presentado por la defensa del imputado, mediante la cual solicitó su excarcelación o, subsidiariamente, la prisión domiciliaria. Sus abogados, Guillermo Endi y Agustina Vivas Ferlín, sostuvieron que Gómez actuó bajo una “legítima defensa putativa”, es decir, convencido erróneamente de que estaba por ser víctima de un robo.
Como se recordará, el hecho ocurrió a las 22.05 de aquel día sobre la calle Martín Rodríguez, esquina Suboficial Perdomo de Ituzaingó. Por allí circulaba el policía Gómez con su esposa a bordo de una moto Honda XR 150 sin patente, quien aceleró la marcha al observar que detrás suyo circulaban Juan Cruz y Daniel en una Honda CB con el dominio a la vista, como corresponde.
Los chicos iban a velocidad porque llegaban con lo justo a jugar al fútbol con sus amigos en la canchita Goles y Gambeta de Merlo. Fue en ese momento que el policía “efectuó una maniobra brusca de frenado y derrape, cruzando su rodado delante de los jóvenes”. Y, sin mediar palabra, sacó su arma y les disparó a ambos con su arma reglamentaria.
Las heridas que sufrieron las víctimas
A Juan Cruz le asestó dos balazos, de los cuales uno impactó en la región posterior del hemitórax derecho y el otro ingresó por la región anterior de su muslo izquierdo lesionando su arteria femoral. El muchacho, de 21 años, murió horas después en el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, a donde fue llevado en una ambulancia. Daniel Kuhne, en tanto, recibió un balazo en su hemitórax derecho con entrada y salida y sobrevivió de milagro: el proyectil no le hirió ningún órgano vital.
Desde el momento en que se confirmó la muerte de Leal el policía permanece detenido: ya fue trasladado a un pabellón especial dentro de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó a la espera del juicio. La prisión preventiva fue dictada por el juez de Garantías Ricardo Fraga a mediados de abril, tal como solicitó la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.
Los delitos que enfrenta Gómez son los de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego (por el crimen de Juan Cruz), en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa (por el tiro con el que hirió a Kuhne).
En su argumentación, el planteo hecho por los abogados Endi y Vivas Ferlín reiteran conceptos que ya fueron desestimados en la instancia primigenia de la causa. Insisten en que el policía y su pareja creyeron que la moto en que viajaban los chicos se acercaba hacia ellos “de manera sospechosa” y que esa percepción se encontraba reforzada por haber sufrido un asalto tiempo atrás.
También afirmó que disparó para neutralizar una supuesta agresión y que luego asistió a las víctimas. Esos dichos habían sido calificados como “una entelequia” (cosa irreal, ficción, fantasía o quimera que solo existe en la imaginación) por el juez Fraga.
“No existen elementos objetivos” que respalden los dichos del policía
Ahora la Cámara de Apelaciones concluyó, en idéntico sentido, que “no existen elementos objetivos” que respalden esa hipótesis. Los magistrados señalaron que el propio Gómez nunca describió una amenaza concreta: no vio armas, no recibió intimidaciones ni exigencias de entrega de bienes y basó su reacción únicamente en que la otra motocicleta circulaba detrás suyo y realizaba maniobras similares.
Uno de los fundamentos centrales del fallo es que Gómez contaba con más de doce años de experiencia policial, por lo que se esperaba de él una mejor evaluación del riesgo antes de utilizar su arma reglamentaria. Los camaristas sostuvieron que tenía alternativas menos lesivas para verificar la situación y que decidió disparar cuando el supuesto peligro todavía era incierto.
Para finalizar, el tribunal del alzada también entendió que subsisten los riesgos procesales que ameritan la prisión. Valoró la gravedad de los delitos imputados, la posibilidad de una pena de extrema severidad y un informe incorporado a la causa en el que vecinos describieron antecedentes de intervenciones del imputado exhibiendo su arma reglamentaria en situaciones de alarma barrial.
