El proyecto de ley que aumenta el costo de las indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires, que recibió un amplio respaldo en la Cámara de Diputados bonaerense, encontró una barrera impenetrable en el Senado: la vicegobernadora Verónica Magario le bajó el pulgar.
“No ha sido una iniciativa del Gobierno provincial. Nosotros somos los que fomentamos el sostén de nuestras industrias y promovemos la actividad de las Pymes, que son las que componen el entramado productivo, porque representan entre un 70 y un 80% en la provincia de Buenos Aires”, subrayó la titular de la cámara alta en conversación con Primer Plano Online.
La iniciativa parlamentaria fue presentada por la diputada Maite Alvado, integrante de la agrupación La Cámpora, junto a su par de bancada de Unión por la Patria Soledad Alonso, de extracción sindical. El texto modifica el artículo 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y sustituye en los juicios laborales la tasa pasiva que se aplica para calcular los intereses al monto indemnizatorio por la del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), y agrega un carga del 6 por ciento.
Ni bien se conoció el proyecto, el sector empresario puso el grito en el cielo al considerar que atenta contra la generación de puestos de trabajo. Así lo consideraron también bloques opositores a nivel legislativo, que en el Senado sumaron musculatura y lograron frenarlo, con aval de Magario. En concreto, aumentaría por siete veces el monto de lo que deben abonar las empresas en caso de alguna cesantía.
“Estoy convencida que cualquiera de estas medidas debe ser consensuadas con estos sectores. No podemos ahogar a nadie y tenemos que defender a todos. Para eso nos votaron”, sentenció la vicegobernadora en charla con este medio. Por ahora el texto quedó archivado más allá de la aprobación en la cámara de origen.
“Nosotros somos generadores de empleo genuino y estamos muy preocupados. Si se aprueba esta modificación del artículo 48 nos obliga a los empresarios a no tomar nuevos empleados y nos deja en jaque ante un eventual juicio laboral porque ya tenemos en la actualidad juicios cuyos montos se multiplicaron por 40 en el último período”, planteó el presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA), Alberto Kahale.
