Un relevamiento realizado entre julio y agosto de este año y que consistió en entrevistas personalizadas a 31.525 referentes de hogares de familias que asisten a comedores y merenderos de barrios populares arrojó un resultado por demás alarmante: en siete de cada diez viviendas de esos sectores hay inseguridad alimentaria.
La presentación del Indicador Familiar de Acceso a Derechos (IFAD) estuvo a cargo de Isaac Rudnik, director nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política (ISEPCi); Laura Lonatti, coordinadora nacional del área de Salud Colectiva del organismo; y el equipo técnico encargado de procesar los datos obtenidos, integrado por Agustina Márquez, Federico Ramírez, Pilar Sanjurjo Murujosa, Fernando Longhi, Rodrigo Sanmartin y Lidia Aufgang.
El nuevo indicador permitió analizar más dimensiones como alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación, entorno, infraestructura y conectividad. Además, se pudo aumentar la cantidad de personas encuestadas en el marco de un proceso de Investigación Acción Participativa.
ALGUNOS DATOS RELEVANTES
Las personas entrevistadas fueron casi universalmente mujeres, en consonancia con la premisa de ser responsables de la alimentación en los hogares, lo cual confirma que las tareas de cuidado están casi excluyentemente sostenidas por las mujeres. Asimismo, en relación con la edad, mayoritariamente ocho de cada diez de ellas tienen entre 25 y 50 años.
En relación con el tamaño de los hogares relevados, estos tienen un promedio de 4.8 miembros, en coincidencia con datos del INDEC para hogares con niños y niñas. El relevamiento abarcó a 79.063 menores y adolescentes, lo cual arroja un promedio de 2.5 nenes y nenas por hogar.
Cuando se realizó el relevamiento la Canasta Básica Total costaba $125.978 y la Canasta Básica de Alimentos $55.734. Tomando como referencia esa información se evidenció que casi el 100% de los hogares relevados contaba con ingresos debajo de la línea de pobreza y al menos dos de cada tres tenía ingresos eran por debajo de la línea de indigencia. Es decir, el 65,5% de los hogares tienen ingresos inferiores a los $45.000.
Entre otro de los datos a resaltar, que surgen del IFAD es que, en relación a los Programas de Transferencias de Ingresos del Estado Nacional, nueve de cada diez hogares reciben alguno y en promedio cada hogar recibe 1.5 programas. Al momento de la medición, sólo el 17% de las familias tenía acceso a un empleo registrado mientras que el 83%, (26.222 hogares), no tenía integrantes con empleo registrado, es decir no cuentan con los aportes a la seguridad social y jubilación.
El IFAD arrojó otros datos contundentes. Siete de cada diez hogares (el 70%) se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, que ocurre cuando las personas ven disminuida su capacidad de acceso a los alimentos. En lo técnico se define a ese momento como “la reducción de las porciones y/o supresión involuntaria de comidas en el hogar”. En ese sentido, un 64,3% de las familias relevadas ha tenido que reducir la cantidad de porciones durante las comidas por falta de dinero y el 62,8% ha tenido que suprimir una de las cuatro comidas diarias.
En cuanto a las privaciones recientes de alimentos en el último mes, el 70% de las familias entrevistadas refiere en términos generales haberse privado de consumir carnes, verduras, frutas, cereales o legumbres por falta de dinero. En paralelo, el poder adquisitivo de las familias entrevistadas ha disminuido “ostensiblemente” respecto de fines del año 2021. El 90% manifestó comprar menos alimentos que hace un año atrás y el 70% manifiesta haber tenido que elegir productos de menor calidad. El 74.4% de las familias que compran menos que antes destacan que los alimentos son de menor calidad.
