La justicia de Morón rechazó excarcelar a Ángel Elías Gómez, el abogado detenido la semana pasada acusado de liderar una organización que ejecutó estafas piramidales en Ituzaingó. La decisión se adoptó mientras el otro imputado, Juan Ignacio Lombardo, permanece prófugo y no manifestó, hasta el momento, voluntad de ponerse a derecho.
La decisión fue adoptada por el juez Esteban Juliano, quien subroga el Juzgado de Garantías N° 3 de Morón, a raíz del planteo realizado por el representante legal de Gómez, José María Vera. Para los investigadores la medida de coerción corresponde a raíz de los riesgos procesales existentes (su socio está evadiendo a la justicia), el poder económico que manejan y la posibilidad de entorpecer las pruebas que aún recaba el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó.
Además de las 5 denuncias iniciales que dieron origen al expediente, en el allanamiento realizado en las oficinas comerciales de la firma ‘Avalon Capital Futures Investments’, ubicadas en el complejo Thays de Villa Udaondo, sobre la avenida Martín Fierro al 3300, se secuestraron varias carpetas más con contratos en dólares por altas sumas que se intentan establecer si son fraudulentos.
Los delitos que les imputan
El delito de estafa en sí tiene un monto de pena que oscila entre 1 y 6 años de prisión y es excarcelable, pero lo que se consideró en este caso es que la multiplicidad de víctimas, que todo indica va a aumentar, y el caudal económico reunido a partir de la cantidad de dinero que le entregaron puede darles mayores posibilidades de fugarse.
De hecho, en las últimas horas también dictaron sobre Lombardo la prohibición de salida del país. “Cuando se presentó en el expediente aportó un domicilio en el que ya no vive. Claramente está tratando de impedir el accionar de la justicia”, indicó una fuente de la investigación consultada por Primer Plano Online.
En la resolución a la que tuvo acceso este medio se subraya “la reiteración sistemática de los mismos, la actuación de varios sujetos involucrados en los mismos, cada uno con clara división de roles, conductas sostenidas y prolongadas en tiempo”. Ese capítulo deja abierta la posibilidad de que se amplíe la imputación a un delito de mayor gravedad en cuanto a potencial condena: la asociación ilícita.
Respecto de Gómez en particular, el juez consideró como un elemento en contra sus conocimientos intelectuales y el título profesional “en una disciplina que le permite y facilita un actuar en pos de llevar a cabo un acto y lograr su cometido, lo que resulta ser una agravante ya que se valieron de los mismos como medio para el accionar de los hechos delictivos investigados”, fundamentó.
La mecánica de estafa a lo Cositorto
Como informó Primer Plano Online la semana pasada, son hasta el momento 5 las personas damnificadas, que entregaron sumas que totalizan más de un millón de dólares en distintos montos, y firmaron contratos para recibir una retribución total con intereses de entre el 3 y el 5% “en un plazo mínimo de 180 días de corridos”, siempre en esa moneda extranjera. Gómez y Lombardo simulaban pertenecer a la Cámara de Comercio de Argentina, cosa que ya se confirmó es falsa.
Los allanamientos dispuestos por la justicia fueron realizados en el barrio privado Buenos Aires Golf Club de la localidad de Bella Vista, en San Miguel, en donde dijo residir Lombardo, que no estaba ni fue encontrado hasta el momento. La Policía también realizó un procedimiento en la oficina del complejo Thays, de donde se llevaron una gran cantidad de contratos que ahora están siendo revisados por la justicia: no se descarta que sean nuevas víctimas de la operatoria.
En tanto, a Gómez lo detuvieron en un domicilio de la calle Rodríguez Flores al 300, en Ituzaingó: le secuestraron dos teléfonos celulares, una notebook; carpetas con la inscripción ‘Avalon Capital Futures Investments’; un pendrive y dinero en efectivo en pesos. Además, un Mercedes Benz modelo SLK 350; un Mini Countryman Cooper gris; y una camioneta marca Dodge, modelo RAM 1500 de color blanca. Todo ese material quedó a disposición de la justicia.
El fiscal Rivero, que trabaja en la investigación con su secretaria, Gisele Rima, espera informes de la composición societaria de la firma investigada de parte del Banco Central, de la Agencia de Recaudación (ARCA) y de la Inspección General de Justicia (IGJ). Mientras, el Juzgado de Garantías dispuso la inhibición general de bienes de ambos.
