Los cuatro funcionarios del Municipio de Merlo que fueron aprehendidos ayer en medio de un allanamiento judicial realizado en la Subsecretaría de Tierras y Viviendas serán indagados esta mañana por el fiscal de la causa, Mario Ferrario, de la UFI Nº 3 de Morón.
El escándalo político y judicial es de tal magnitud que la identidad de las personas puestas a disposición de la justicia todavía no trascendió, más allá de especulaciones periodísticas en potencial. La actuación se encuentra “embargada” para no interferir en su avance, y probablemente se sepan los nombres, apellidos y cargos durante la jornada de hoy, luego de las indagatorias respectivas.
Lo cierto es que, más allá de que como informó Primer Plano Online la denuncia fue impulsada por el propio Municipio, la causa es un polvorín, con derivaciones que aún no está claro hasta dónde pueden llegar. La acusación es gravísima: se trata de una organización asentada desde el Ejecutivo comunal dedicada a vender en cifras millonarias tierras del Estado.
La investigación se inició luego de que, en por lo menos tres usurpaciones en la localidad de Mariano Acosta, los ocupas mostraban papeles de compra y venta de los terrenos y señalaban siempre a las mismas personas. Eso derivó en una serie de seguimientos encubiertos, escuchas telefónicas y la recopilación de pruebas que tenían como terminal esa dependencia municipal, la usina encubierta para cometer las estafas.
“La causa se inició por una denuncia que realizamos desde el propio municipio a instancia de los vecinos que contaban que funcionarios nuestros estarían involucrados en usurpaciones de tierras. Tierras que después vendían”, le confirmó el intendente Gustavo Menéndez a Infobae, ratificando lo informado ayer por Primer Plano Online. “El caso que disparó el allanamiento a las oficinas de Tierras y a la detención de estas cuatro personas no es por una usurpación en concreto, sino por la presunta venta de un predio que le iban a realizar a unos comerciantes”, agregó.
La oficina allanada depende del área de Desarrollo Social, controlada por la Karina Menéndez, hermana del intendente y aspirante a sucederlo en 2023. “Karina estaba al tanto de la denuncia judicial. Es ella quien me alerta de la presunta situación irregular que involucraba a funcionarios de su área. Ahí empezamos a prestar atención, y luego llegaron denuncias de vecinos”, agregó el mandatario, quien también reconoció sentirse “sorprendido” cuando se enteró que “dos de los detenidos eran personas de confianza, que provienen de una buena familia”.
“Las denuncias por supuestos actos de corrupción no son nuevas. Hay muchas. Cada vez que hay una denuncia pedimos la investigación y nos presentamos nosotros como denunciantes para que se esclarezca. Muchas veces las investigaciones no arrojan resultados positivos porque no siempre son desinteresadas o de buena leche… muchas veces son falsas o con intencionalidad. Pero nosotros tenemos la obligación de prestarle atención a todas. Los resultados de esta nos tomó por sorpresa. Para mí es muy difícil controlar 5.000 empleados. Por eso los secretarios son fundamentales en el control”, cerró el mandatario.
