A principios de enero pasado, la doctora R.N., cirujana plástica que tiene su consultorio en Palermo, recibió una citación para ser testigo en un juicio por un siniestro vial que terminó en una causa por lesiones culposas en La Matanza. La convocó una compañía de seguros para dar explicaciones sobre la intervención que realizó en un paciente que resultó ser víctima en el hecho.
Sin embargo, la mujer jamás trabajó en ese distrito. Por lo tanto, alguien le había usurpado el título y la identidad, por lo que decidió radicar la denuncia de rigor. Como el establecimiento sanitario en el que fue expedido el certificado está radicado en González Catán, la investigación recayó en el fiscal Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N° 1 de Laferrere.
Lo primero que pudo constatar el funcionario es que el centro desde el cual se emitió el comprobante de una supuesta prestación médica era Argentina Salud, una organización de consultorios que arrancaron después de la pandemia (en 2022) con un local en Virrey del Pino y luego fueron expandiendo su alcance geográfico, siempre en La Matanza: hubo otra oficina en esa localidad, otros dos más -uno de ellos se convirtió en casa central- en González Catán y el último en San Justo hace pocos meses.
Cuando el expediente fue tomando volumen, el fiscal consiguió dar con un testimonio clave: un ex trabajador del establecimiento sanitario de Virrey del Pino que declaró y contó cómo era la operatoria. Según pudo saber Primer Plano Online, los ahora imputados y detenidos usaban sellos de médicos cuyos datos eran obtenidos de manera apócrifa de páginas de acceso público.
Datos públicos, la base de la asociación ilícita
¿De dónde obtenían los datos? Se la página del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Tan simple como eso. Tan indignante como eso. “Esa persona renunció al comprobar cómo operaba la organización. Con suerte tenían un médico, pero el resto eran estudiantes o enfermeros que atendían a la gente y los sellos de lo que recetaban y diagnosticaban eran truchos, de profesionales que nada tenían que ver con esa atención”, detallaron voceros de la pesquisa.
La justicia inició un relevamiento de los certificados expedidos y se encontró con distintos nombres de médicos que incluso eran usados en los precarios médicos de las comisarías, es decir, las constancias de cómo ingresaban las personas privadas de su libertad a las dependencias. “Eran más de 50 médicos distintos lo firmantes de esas constancias médicas”, precisó otra fuente con acceso al expediente.
En los allanamientos realizados hoy por personal de la Policía Federal, los agentes secuestraron -en uno de los cajones de la oficina del propietario- un listado en donde aparecía discriminado qué identidad debía usar cada uno de los falsos médicos a la hora de prescribir algún medicamento. Además, infinidad de documentación para corroborar la operatoria.
Además, en la sede de San Justo se encontraron con un ciudadano cubano que tiene sus documentos en trámite y no está matriculado, pero se hacía pasar por profesional de la salud. Y usaba el sello de un médico que no trabaja en ese establecimiento ni forma parte de la estructura. Todo demasiado ilegal.
Como resultado de la manda judicial hubo 6 personas detenidas acusadas de los delitos de asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y honores y venta ilegal de medicamentos. Es más: ninguno de los locales allanados está habilitado, por lo que se comunicará a la Municipalidad para las clausuras de rigor.
Una farmacia que incineraba sin ningún cuidado
En uno de esos establecimientos también funcionaba una farmacia, pero sin ningún tipo de autorización ni respeto por las normas para el ejercicio de la actividad: hasta se descubrió que quemaban en los fondos remedios y residuos patológicos. “Creemos que las denuncias van a aumentar a raíz de que el caso tome estado público. Y entendemos que habrá distinto tipo de personas damnificadas”, completó una de las fuentes consultadas.
El cerebro de la organización, identificado como Alberto Santarceri, está detenido, al igual que su esposa, Noelia Luna, quien ejercía como enfermera, pero usaba un sello a nombre de una mujer de nombre similar. Los hijos del empresario, identificados como Brian y Nicolás Santarceri, también fueron detenidos: tenían a cargo las ambulancias de la estructura de Argentina Salud, aunque ninguna estaba habilitada como tal y los vehículos tenían su documentación adulterada.
Las otra dos personas detenidas son Dunia Suazo y Gabriel Musse. Este último tiene una historia particular: desde hace años trabaja junto a Santarceri padre y hasta estuvo preso con él. Es que el dueño de los consultorios de Argentina Salud purgó condena por homicidio. Y un dato no menor: en los procedimientos la Policía incautó dos armas calibre .9 milímetros, una en la casa central de González Catán y la restante en la casa de uno de los ambulancieros.
