La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó un informe especial para analizar el cierre del basural a cielo abierto y la construcción del Centro Ambiental Luján destinado a la disposición final de residuos domiciliarios.
Con el enfoque puesto en el riesgo y el pasivo ambiental y en los derechos humanos de las poblaciones cercanas al centro de acopio más grande del país, el texto fue presentado ante el Juzgado Federal de primera instancia de Mercedes, que instruye la mega causa alrededor del lugar luego de una acción de amparo solicitada por la Fundación Nuevo Ambiente.
Como se informó oficialmente, se encuentra en ejecución la planificación de un Centro Ambiental, que contará con planta de separación de reciclables y relleno sanitario. “La Defensoría del Pueblo de la Nación considera que la clausura y aplicación de medidas de mitigación en el basural a cielo abierto y la generación de espacios y estrategias para la separación de residuos reciclables arrojan un balance de impactos ambientales y sociales positivo”, se indicó en el informe.
El trabajo analizó documentos generados en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, disponible en el expediente judicial, e incorporó el resultado de reuniones e intercambios con referentes de los distintos grupos sociales que se vinculan con el proyecto, así como con funcionarios de la cartera ambiental local, del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (MICIBID) y del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Universidad de Luján-CONICET.
Asimismo, personal de la Defensoría visitó el terreno, observó el basural, las obras iniciadas del Centro Ambiental y algunos de los barrios vulnerables cercanos a la zona junto a la Escuela Nº 3. El relevamiento arrojó que el avance de las obras resultan “relevantes” para “disminuir la contaminación ambiental y mejorar las condiciones de vida, trabajo y estudio de las personas que interactúan con el basural de distintas maneras”.

También conllevan “un cambio significativo en la protección del derecho a un ambiente sano, a la salud, la educación, al trabajo y, en definitiva, a la vida”, se precisó desde el organismo nacional, que también evaluó que es “fundamental que se resuelva el litigio de fondo” en pos de la “solución del pasivo ambiental y la mejora en la gestión y disposición de los residuos sólidos”. “La reanudación de las tareas es la mejor solución”, consignó la Defensoría.
OPCIONES TÉCNICAS
Para enfrentar las amenazas ambientales en el corto plazo, la Defensoría planteó que “cobran relevancia” medidas de mitigación de los efectos de la contaminación del basural en los barrios y la escuela cercanos, de modo tal de minimizar la exposición y vulnerabilidad de las personas.
Entre otras cosas, citó como “políticas de Estado necesarias para prevenir y en su caso reparar la vulneración de derechos asociada a la contaminación” a las siguientes:
-mejoramiento de los servicios sanitarios de los barrios aledaños;
-provisión de agua segura no sólo para consumo sino para todo uso en la escuela;
-refuerzo de los servicios de atención de la salud.
Dado que el proyecto en cuestión se encuentra bajo consideración en el ámbito de la Justicia y que está pendiente una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideran desde la Defensoría que resulta “esperable” que se puedan producir mejoras en el Estudio de Impacto Ambiental.