El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia, a través de su Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dispuso la imputación de la aerolínea Flybondi, que se encuentra entre las diez empresas más denunciadas por bonaerenses, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios.
Según los reclamos presentados, la empresa incurre en reiteradas suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos y además resulta muy difícil -y a menudo imposible- comunicarse con la firma, por lo que las y los consumidores no logran obtener respuesta para hacer valer sus derechos, ya sea optando por una reprogramación o por el reintegro del valor del ticket o de los gastos generados por la cancelación.
“Ahí tenés otra vez el tema del Estado presente, porque claramente lo que se está haciendo con esto de que vale todo, la libertad de mercado sobre todo, se vulneran derechos de los bonaerenses todo el tiempo”, enfatizó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia.
En conversación con el programa periodístico Primer Plano que se emite por el canal Somos, de Flow, el funcionario reveló que “recibimos más de 1300 denuncias, que es una cantidad enorme, por demoras, cancelaciones, que tardan en devolver el dinero, que no atiende nadie el teléfono, no hay donde comunicarse y que les den una respuesta”.
La firma FB Líneas Aéreas S.A (Flybondi) ya fue notificada de la imputación y ya hizo el descargo respectivo frente a una sanción de multa por más de 1.000 millones de pesos en caso de ser hallada culpable. De todos modos, Aguilar aclaró que “quisiéramos no multar a nadie”, pero que la obligación estatal es hacer cumplir la legislación vigente.
El antecedente Netflix y la búsqueda de Provincia con Flybondi
Otra de las imputaciones que el Gobierno provincial le hace a Flybondi es que incumple el deber de información a las y los usuarios al no publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de los servicios que provee, conforme lo establece la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
También, se detectaron denuncias sobre demoras en el pago de los reembolsos solicitados a raíz de las cancelaciones impuestas por la empresa, por lo que realizó un pedido de informes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que esa práctica incumpliría las normativas que exigen que la devolución debe ser realizada en forma inmediata.
Más allá de la sanción, Aguilar recordó el antecedente Netflix, otra empresa que violaba normativas vigentes que hacer a los derechos de consumidores. “Tenía una cláusula que decía que un ciudadano de La Matanza, si tenía un reclamo, tenía que dirigirlo a un tribunal de Delaware de Estados Unidos, entre otras realidades. Eran tres cláusulas las que estaban mal. Le planteamos a la empresa, la empresa contestó, sacó las cláusulas, no tuvo sanción en ese caso”, recordó.
Ahí la diferencia es que no hubo denuncias por las prestaciones de la compañía sino una revisión de los contratos hecha por las autoridades provinciales. Por eso Aguilar especificó: “esto no es una actitud antiempresa; lo que no podemos permitir es que se haga cualquier cosa. El Estado se retira en nación y nosotros no nos vamos a retirar porque tenemos un mandato”, concluyó.
Flybondi rechazó las imputaciones: “siempre damos respuesta a los reclamos”
Frente a las acusaciones, la empresa Flybondi rechazó “categóricamente la imputación” recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires por los supuestos incumplimientos, e informó que presentó “en tiempo y forma” el correspondiente descargo.
En un comunicado, la compañía aclaró que “la Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica”, y manifestó que incluso “la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes”.
En el texto detallaron que “la industria se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)”, organismo que “interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los Tribunales Federales”.
Por su parte, desde Flybondi explicaron que “siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados”. Y aseguraron que en estos casos “brindan toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable”.
