Otro escándalo involucra al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. Ahora, un informe exclusivo con datos recopilados por Primer Plano Online revela que el jefe comunal, con aval del Concejo Deliberante, entregó a tres empresas la construcción de lápidas en el cementerio Santa Mónica, ubicado en la Ruta 21 y Ruta 1003, en la localidad de Libertad.
En una operatoria propia de un ‘cementerio VIP’, las firmas cobran a familias -en muchos casos vulnerables desde el punto de vista económico- el exorbitante monto de $25 mil para colocar algunos ladrillos alrededor de las sepulturas. Los cálculos de profesionales del rubro estiman que ese trabajo no supera los $5 mil, entre mano de obra y materiales.
Asimismo, este medio pudo confirmar que si algún particular quiere hacer el trabajo por su cuenta, está obligado a iniciar un expediente en el Municipio a través de un profesional matriculado y esperar la aprobación respectiva.
El mecanismo, que empezó a regir luego de la convalidación hecha por el Concejo Deliberante, es el siguiente: para hacerle una lápida en la necrópolis municipal ante el fallecimiento un familiar, hay que firmar un contrato para pagar $25 mil. Se deposita el dinero o se realiza una transferencia bancaria a la cuenta de la empresa constructora que elija la familia y de una sola vez, sin plan de pago. Después del pago se ejecuta la obra.
Antes de entrar en vigencia esta ordenanza, ante la misma situación había personas, en las inmediaciones del cementerio, que se dedicaban a hacer changas de albañilería y se ganaban la vida haciendo ese trabajo a valores muy económicos. Ahora está direccionado a tres constructores, una clara maniobra de privatización encubierta, con un valor por encima de los de mercado.
Julio Cervera, vecino de San Antonio de Padua, perdió a su mamá el pasado 30 de agosto. Por una disposición de la Municipalidad no se le podía hacer ninguna obra a la sepultura, porque el Concejo Deliberante estudiaba la norma para cambiar las estructuras de cemento por otras similares de ladrillo.
“Es una normativa municipal y uno como vecino tiene que acatarlas. El tema es que antes uno podía hacerlo por su cuenta y ahora te obligan a contratar a tres empresas, que cobran 25 mil pesos para hacer ese trabajo. Es un negocio”, reflexionó en conversación con Primer Plano Online.
“Mucha gente no va a tener para pagar y eso quedará todo abandonado”, contó. Se juntó con su familia, pusieron plata entre todos y juntaron el dinero. Pese a conseguirlo, se quejó: “eso es un robo”.
