Pese al rechazo en algunas de las Departamentales, por mayoría los empleados de la Justicia bonaerense terminaron aceptando la propuesta de suba salarial del gobierno de Axel Kicillof.
El aumento será del 5% en julio -se cobra en agosto- y 2% en agosto, que se cobrará en los primeros días de septiembre. Es idéntico al que percibirán docentes, estatales de la administración y policías.
Según informaron desde el gremio Asociación Judicial Bonaerense (AJB), aceptaron la oferta las asambleas desarrolladas en las Departamentales de San Martín, La Matanza, La Plata, Mercedes, Lomas de Zamora, Necochea, Quilmes, Morón, San Isidro, Trenque Lauquen, Avellaneda-Lanús, Zárate Campana, Azul, Pergamino, Mar del Plata y Bahía Blanca. En tanto, fue rechazada en Dolores, Junín, Moreno-General Rodríguez y San Nicolás.
Para el cálculo del aumento se tomará como base los sueldos de junio, cuando impactó el acuerdo salarial anterior que había sido del 9,3% para el período enero-mayo. Ahora la negociación salarial se reabrirá en los primeros días de septiembre cuando los gremios busquen que los salarios no queden por debajo de la inflación.
Acuerdo sellado con gremios estatales
El Gobierno bonaerense confirmó que el acuerdo salarial arribado con gremios docentes y estatales alcanzará también al personal policial y del Servicio Penitenciario, que recibirá la mejora del 7% en dos tramos (5% en julio y 2% en agosto), siempre calculado sobre los ingresos de junio pasado.
En ambos casos, la mejora se trasladará a los retirados que cobran a través de su propia Caja previsional. La suba del 7% se suma al 9,3% del primer acuerdo de paritarias del año que también fue replicado por decreto para los uniformados.
El anuncio oficial estuvo a cargo del ministro de Economía provincial, Pablo López, quien en conferencia de prensa ponderó que el Gobierno de Axel Kicillof haya otorgado aumentos en seis de los ocho meses que lleva el año 2026. Valoró, asimismo, que se haya podido abonar el medio aguinaldo en tiempo y forma pese a las dificultades económicas que enfrentan tanto la administración central bonaerense como los Municipios por la caída en la actividad.
