El Concejo Deliberante de Morón aprobó de manera unánime un proyecto que solicita “de forma urgente” que el Departamento Ejecutivo tome intervención en la problemática existente que tienen alrededor de 200 familias de Castelar que fueron demandadas por una deuda existente con las empresas Enrique Ford S.A. y 25 de Mayo S.A. generada por la realización de obras de pavimentación de hace décadas.
La iniciativa votada por todos los bloques políticos contiene también un pedido de informes a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mereces, donde tramita el expediente, con el fin de saber la cantidad de juicios ejecutivos que existen sobre frentistas de Morón.
200 familias de Morón temen por sus casas por una deuda originada en una estafa con pavimentos
Como informó Primer Plano Online en su momento, dramática es la situación que están padeciendo esas 200 familias como consecuencia de la estafa que les causó la empresa Enrique Ford allá por 1969. El nudo gordiano del conflicto judicial, que tiene hasta titulares de empresas condenados al igual que los escribanos que intervinieron, pasa por un tema insólito: fueron vecinas y vecinos quienes debieron enfrentar el pago del pavimento por las cuadras de sus casas y hay gente que tiene sus propiedades embargadas por esa deuda, que llevó el valor a superar el de esas viviendas.
Los pavimentos fueron en más de 200 cuadras de lo que era el viejo partido de Morón (Castelar, Haedo, El Palomar), Ituzaingó (norte y sur, y Villa Udaondo), Hurlingham y parte de Merlo. Durante la gestión de cobro, la firma radicó numerosas demandas en los juzgados de Mercedes primero y luego de Morón por falta de pago de los frentistas. Muchos propietarios pagaron sus deudas sin siquiera enterarse que eran demandados judicialmente, y los expedientes quedaron abiertos por más de 20 años sin tener movimiento.
“Hoy tenemos detectados más de 200 vecinos que saben de la situación irregular en la cual está en juego la ejecución de su propiedad, pero también tenemos muchos vecinos que no saben que su vivienda está sujeta a embargo”, puntualizó Gabriel Barquero, concejal del Frente de Todos. “Acá lo que se está pidiendo es la responsabilidad del Estado municipal, no porque sea responsable de esta situación irregular calificada como una estafa sino porque es nuestro deber como Estado estar atentos a estas situaciones de nuestros vecinos”, agregó.
En esa sintonía, el edil de Cambiemos Morón Cristian Herrera reflexionó sobre el cambio de paradigma experimentado en los últimos 50 años, donde ya los frentistas dejaron de proveerse de los servicios públicos para que esa tarea la cumpla el Estado, básicamente asfalto, iluminación, cloacas y gas.
“Este cambio filosófico, metodológico e ideológico que promovió el Estado nos tiene que ayudar a reflexionar que ya no importa si esto fue una estafa o no, porque eso deberá determinarlo la justicia; ya no importa quién debe y quién no. Lo que importa es que, si los vecinos debieran, esa deuda debería asumirla el Estado provincial y nacional, porque actualmente esos servicios los otorga de manera gratuita y se trata de un tema de justicia intergeneracional”, concluyó Herrera.
