Un martillero reconocido de Castelar se encuentra en una situación que califica como “desesperante” y decidió hacer público su “padecimiento”: no puede ver a sus hijos, de 17 años el mayor y de 14 la menor, desde hace 565 días por decisión judicial. En el medio, un largo proceso con distintas medidas que surgieron luego de una denuncia hecha por la madre de los menores y que directamente implicó una medida cautelar de cese hostigamiento.
Según narró Diego Mauro Sebastián Carte a Primer Plano Online, poco después del nacimiento de la nena se separó de su exmujer y el divorcio del matrimonio se concretó en 2023. Eso implicó un acuerdo, con aval de la justicia, en el que se estableció “cuidado personal compartido indistinto (entre madre y padre), residencia principal materna y un régimen amplio de comunicación que asegurara fluidez en el contacto”.
Allí también se previó el pago de una cuota alimentaria equivalente al 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y que la vivienda que compartía la pareja quede para uso de madre e hijos. Ese acuerdo quedó homologado y así se cumplió siempre de ambas partes. Pero algo cambió: un llamado telefónico hecho de madrugada modificó para siempre el vínculo entre las partes.
“Los fines de semana no van más”
Con fecha 28 de octubre de 2024, según consta en el trámite judicial, la madre de los chicos comunicó vía WhatsApp a Carte que sus hijos “los fines de semana no van más”. Ese envío invocaba, supuestamente, una decisión de los menores, aunque para Carte fue algo organizado por la madre de ellos. Un dato importante en este capítulo: padre e hijos estaban juntos todos los días después de la jornada escolar para luego irse ambos a la casa materna. Todos los fines de semana se quedaban con él: desde el sábado a primera hora hasta el domingo a la noche.
Esta situación se modificó el Día de la Madre de 2024: la mujer había decidido no pasarlo con los chicos, pero en el medio de la tarde “se arrepintió y se los llevó”, recordó Carte. “Se suponía que ese día se quedaban conmigo hasta el lunes por motivos que desconozco. Eran los planes que ella (la madre de sus hijos) había organizado”, refirió. Con el mayor el contacto se interrumpió, pero con la nena continuó durante un tiempo más en otros días de la semana hasta enero de 2025.
Y cuando ya el vínculo estaba cortado, una denuncia policial terminó por complejizar el cuadro. El propio martillero contó a Primer Plano Online que se comunicó con su hijo una madrugada de sábado, porque sabía que él a esa hora jugaba en red con sus amigos. “Lo llame para avisarle que no dejen de pagar la luz el lunes porque me había llegado un aviso de corte de suministro”, señaló. “El llamado fue porque transferí el dinero para que abone la luz ya que la madre no lo venía haciendo”, aclaró Carte. Esa comunicación derivó en una presentación hecha por la madre del chico contra él.
“Consideró que lo que le dije fue hostigante y antecedente de conflicto”, indicó el vecino, quien al enterarse de esa denuncia ofreció su celular para que sea peritado y corroboren cómo fue el diálogo. “Nunca se hizo, pero sí me impusieron una medida porque la Ley Provincial de Violencia Familiar también alcanza conductas que no configuran delito. De todos modos, la objeción que hago es otra: qué se verificó después de la urgencia inicial y cómo se justificaron la extensión, intensidad y duración de sus consecuencias”, se sinceró.
565 días sin ver a sus hijos
La causa tramita en el Juzgado de Familia N° 1 de Ituzaingó, con sede en Morón, que estaba siendo subrogado por el juez Daniel Rodríguez Cuzzani y que desde esta semana está a cargo de la magistrada Andrea Noemí Colina, quien juró en la función el pasado jueves. Si bien el expediente tiene varios cuerpos, ahora quizá las resoluciones puedan ser más expeditivas para brindar respuestas a una de las partes en litigio. El trámite comenzó con la magistrada Cecilia Núñez, quien falleció recientemente a raíz de un cáncer.
“Desde la primera resolución transcurrieron 565 días. Durante ese período hubo restricciones, informes, audiencias, pedidos, recursos y sanciones. Incluso un informe de la terapeuta de mi hija, hecho en mayo del año pasado, que documenta su sufrimiento por el alejamiento de su padre. El sistema judicial está consolidando una injusticia: la separación de un padre de sus hijos”, detalló Carte.
“Eso fue lo que dijeron y consta en el expediente, pero jamás me dejaron ver los informes de mis hijos”, explicó el martillero. En ese período, asimismo, se incorporó a la causa el informe de una perito psiquiatra que aseveró que “no existen situaciones de riesgo que justificaran la falta de contacto” entre padre e hijos. “Así y todo, no hay ninguna revinculación”, completó el martillero.
Aclaración importante: fue el hijo mayor de Carte quien rechazó ver a su padre, mientras que la nena manifestó “disposición a un encuentro en la casa de su abuela, con presencia de la abuela” y de otro familiar. Esa opinión inicial luego fue modificada: a finales de septiembre la chica indicó que no quería verlo. De todos modos, un dato no menor: la mayoría de esas entrevistas fueron delante de su madre, lo que según el papá de los chicos limitó la libertad de expresión de ambos menores.
La justicia también le impuso al martillero una orden de cese de actos de violencia o perturbación respecto de su exesposa e hijos por 60 días y una prohibición de acercamiento a 200 metros, que luego se redujo a 25 metros. Todo, afirma el hombre, sin una audiencia probatoria en donde pudiera defenderse o dar su versión de los hechos. Esa restricción también alcanzó a su nueva pareja, quien además es su abogada y quien lo representa en el expediente.
El cambio de colegio de los hermanos
En junio de 2025, la madre de los hijos de Carte solicitó un cambio de colegio y que ambos dejaran de asistir al Mahatma Gandhi de Castelar al AUPI de Ituzaingó. Pese a que el padre se opuso, planteó objeciones educativas y de estabilidad, en febrero de 2026 la justicia autorizó y ordenó el cambio de establecimiento educativo, aunque como no había vacantes recién se efectivizó en agosto, con el inicio del segundo cuatrimestre.
Según Carte, la madre de los chicos hizo un posteo en redes sociales preguntando si alguien conocía autoridades del AUPI porque a ella “le quedaba más cómodo” mandarlos allí. “Mis hijos tienen toda su trayectoria educativa en la otra institución y, al momento de cambiarlos, al mayor sólo le faltaba el último cuatrimestre. No había motivos que ameriten ese cambio. Me robaron hasta el derecho de poder elegir su educación”, se lamentó el martillero.
Eso es una muestra, según Carte, que nada se hace en el expediente judicial tomando en consideración su mirada como padre. “Hay una infancia que sigue transcurriendo mientras se ordena otra vista, se remite a otra vía o se declara abstracto un pedido porque la fecha para la cual se hizo ya pasó. La indignación que me recorre tiene ese fundamento: se administró el conflicto, pero no se acredita una respuesta eficaz que recuperara el vínculo”, concluyó a modo de reflexión sobre lo que vive.
Es que su grito no es por una resolución en contra: es por la “acumulación de barreras” que se fue encontrando en el camino. Y una sentencia personal, que engloba estos casi dos años sin contacto con sus hijos. “Una familia no puede quedar atrapada en una espera cuyo final nadie asume la responsabilidad de construir. Los adolescentes crecieron durante el proceso. El daño del tiempo no se repara con una providencia tardía que diga que el asunto ya es abstracto. Yo soy adulto, puedo manejarlo, pero sobre todo le están arruinando la vida a mis hijos”, cerró.
