“Evacúen porque hay una bomba en el edificio y van a volar por los aires”. Dos comunicaciones similares llegaron al conmutador de los Tribunales de Morón y obligaron al desalojo preventivo del inmueble, además del caos y la desesperación que provoca una situación de esa naturaleza por la cantidad de personas a movilizar.
Ambas llamadas se produjeron con un mismo patrón: al mediodía, hora de alta concentración de gente en el palacio de justicia por diversas circunstancias. Y derivaron en la presencia en el lugar de personal de la Brigada de Explosivos y de Bomberos para requisar cada rincón y oficina que garantizara que no había nada que pusiera en peligro la vida de nadie.
Esos procedimientos, además de provocar un gasto operativo al Estado, también causan zozobra en el andamiaje institucional. Y, como si fuera poco, las amenazas de bomba están penadas por la ley: son caratuladas por el artículo 211 del Código Penal como intimidación pública.
La sanción establecida en la norma es una condena de 2 a 6 seis años de prisión, además de la multa económica respectiva para compensar el dinero invertido en descartar la presencia explosiva. Léase, no es gratuito ni es un chiste realizar ese tipo de comunicaciones que, en la era de la tecnología, son pasibles de rastrear.
Un vecino de San Antonio de Padua, sindicado como autor
La fiscal Adriana Suárez Corripio, de la UFI Nº 8 de Morón, tuvo a su cargo la investigación de ambas llamadas y estableció que tenían un denominador común: se hicieron desde un mismo número, con antenas que marcaron un domicilio de San Antonio de Padua en donde vive un sujeto que ya tuvo conflictos con la ley.
Por eso la funcionaria judicial solicitó un allanamiento en su vivienda para intentar recopilar la evidencia que faltaba, ni más ni menos que el teléfono o el chip con el cual se realizó la comunicación. No pudo encontrar el o los dispositivos, pero sí al sospechoso, identificado como Antonio Been (40), que quedó acusado formalmente de una causa por intimidación pública.
El sindicado como autor permanece en libertad, aunque espera para ser convocado por la justicia para declarar en calidad de imputado. Según pudo confirmar Primer Plano Online, Been se mostró hostil con agentes de la DDI Morón que realizaron el allanamiento en su casa y que secuestraron otros celulares que tenía en su poder.
“Ahora la investigación está concentrada en analizar el contenido de esos teléfonos, pero lo que se pudo establecer es que las llamadas se hicieron desde un equipo registrado a su nombre y la antena corresponde a la de su domicilio”, completaron los voceros. Además, el sospechoso tiene una causa previa en la Justicia de Familia y otra por desobediencia en la Fiscalía Nº 12 de Morón.
