Continúa la investigación contra la organización de abogados caranchos que se dedicaban, según la acusación de la justicia de Morón, a estafar a empresas de seguros mediante falsas denuncias de siniestros viales o poderes otorgados por víctimas reales, con profesionales a quienes les fraguaban las firmas para cobrar millonarias indemnizaciones.
Las cuatro personas detenidas el pasado viernes en el marco de 23 allanamientos se negaron a declarar al ser llevadas frente los fiscales Marisa Monti y Claudio Oviedo, de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Morón. Se trata de dos abogados y una médica clínica, que era la encargada -siempre según la imputación- de confeccionar los certificados con las lesiones. El restante es un falso denunciante.
Como contó Primer Plano Online, el pasado jueves se realizaron los procedimientos en domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una escribanía del centro de Ituzaingó (ubicada en Soler y Zufriategui); y en viviendas de El Palomar, Caseros, Lomas del Mirador, La Tablada, San Justo, Guernica, Lomas de Zamora, Glew, San Martin y Villa Adelina.
Lo que sí comenzó es una investigación en manos de Interpol para tratar de capturar a los tres prófugos que tiene la causa con orden de captura nacional e internacional. Se trata de la cara visible de la organización, el abogado Matías Rodrigo Giovanelli; su colega Reynaldo Antonio Falcone; y de otro engranaje de la estructura, Micaela Carla Palmisano, que era la titular de la cuenta desde donde se realizaban transferencias a víctimas reales, a las que les hacían firmar poderes y cesiones de derechos de juicio. Durante el fin de semana, varios de los posteos en la cuenta Tu Abogado Responde fueron borrados, aunque permanece activa.
La evidencia probatoria reunida
Si bien ahora está corriendo el plazo para determinar si la jueza Karina De Luca, del Juzgado de Garantías Nº 6 de Morón, concede la excarcelación mientras continúa el proceso contra los detenidos y la búsqueda de los prófugos, los procedimientos realizados por agentes de la DDI, de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad pudieron establecer la certeza de algunos elementos presentados en la denuncia que radicó la compañía Federación Patronal.
Por caso: el domicilio del lugar en donde se ofrecían los presupuestos para reparar motos -trámite que exigen las empresas de seguro para tramitar una indemnización- no existe: desde hace 8 años funciona allí un kiosco. Es decir, usaban un comercio con dirección apócrifa. Un estudio jurídico del socio de Giovanelli, el abogado prófugo, tampoco es real: en ese inmueble hay una ferretería. Y la vivienda en la que supuestamente vivía una de las personas siniestradas tampoco existe: es un baldío.
Son 22 en total las personas nombradas en el expediente en trámite, entre falsos denunciantes, abogados, médicos y colaboradores de estudios jurídicos. Y una causa que podría ampliar sus alcances, porque otras compañías de seguro que detectaron maniobras idénticas no descartan sumar otros elementos de prueba para nutrir las fojas un hacer un reclamo conjunto, porque apuntan a la misma organización y modus operandi.
Lo que podría denominarse como el caso cero de esta investigación interna de Federación Patronal luego llevada a la justicia fue un supuesto poder confeccionado por la escribana A.M.V., quien al ser consultada por la empresa aseguró que ella no firmó ese papel y que tampoco era su sello, que le habían robado hacía varios años.
La indemnización fue abonada por la aseguradora el 21 de marzo de 2024 y fue la punta de lanza de la causa penal. De ahí hubo una exhaustiva revisión en donde los abogados de la compañía constataron el fraude: reunieron todos los elementos y los llevaron a la justicia, con nombre, apellidos y los millonarios montos abonados. Es que en todos los casos la firmante de los poderes era la misma escribana.
El antecedente de otro abogado condenado por carancho
La causa, por ahora, está caratulada como uso de documento o certificado falso o adulterado y estafa, aunque como se detectaron hasta el momento 11 casos concretos y con varios delitos en el medio la imputación podría ampliarse. Incluso, por la cantidad de participantes en la operatoria, no se descarta una posible asociación ilícita.
El caso recuerda al que Primer Plano Online siguió en detalle y que terminó con la condena a 18 años de prisión contra el abogado con estudio jurídico en Morón Hugo César Schiber. La justicia de San Isidro logró probar que lideraba una asociación ilícita que rompía huesos de personas para simular accidentes de tránsito y cobrar suculentas sumas de dinero en concepto de indemnización.
El fallo fue ratificado en 2021 por la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral, Ricardo Maidana y Víctor Violini. En el mismo fallo recibió 15 años Daniel Ceferino Herrera, otro de los integrantes de la banda, el que manejaba la camioneta símil ambulancia y trasladaba a las víctimas. Si bien fue considerado como parte de la estructura no revestía la condición de jefe, pero la menor cantidad de tiempo de condena. El otro integrante de la organización, Federico Adrián Schiber (hijo del abogado), nunca se puso a derecho y permanece prófugo de la justicia.
