La guerra está declarada. Si bien cada parte mueve sus fichas como en una partida de ajedrez, ahora el Gobierno nacional tomó una determinación que parece ser determinante para el diferendo: empezará a multar a las empresas de servicios públicos esenciales como luz y gas que sigan cobrando en sus facturas montos proporcionales a tasas municipales.
Según le confirmaron fuentes oficiales al diario La Nación, ese será el camino elegido por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir la resolución 267/24 de la Secretaría de Industria y Comercio. Tiene una fecha en que empieza a regir la medida: es el próximo 11 de octubre. Desde entonces se abrirán sumarios a las firmas prestatarias de esos servicios “que incluyan cargos indebidos”, indicaron los voceros consultados por el matutino porteño.
La estrategia del Gobierno se complementará con presentaciones individuales para retrucar los amparos, ya hubo un Municipio que obtuvo aval judicial para continuar con el sistema del cobro de una parte del alumbrado público en las boletas de Edenor: se trata de Pilar. Comercio se presentó en el expediente apelando el fallo provisorio, con un escrito jurídico y un informe técnico.
Los intendentes, en tanto, no descartan avanzar con una acción colectiva para que no se trate de un único distrito el alcanzado sino todos los que incluyen una parte de sus tasas en las facturas de empresas como Edesur o Edenor. En ese caso, de lograr una medida favorable obligará a por lo menos que la administración central no pueda aplicar las sanciones mientras se dirime la cuestión de fondo. A modo de advertencia, avisan que si baja la cobrabilidad por la quita de estos convenios el conurbano será “una boca de lobo”.
El agujero fiscal en las arcas de los Municipios
En rigor, lo que subyace es un debate jurídico que el intendente de Morón, Lucas Ghi, reveló en conversación con Primer Plano Online. “Yo interpreto que no nos alcanza la restricción establecida, porque la resolución indica que deben estar detallado los montos que se cobran en las facturas, cosa que en nuestro caso sí aparece”, indicó el jefe comunal.
El mandatario reconoció, asimismo, que algo de lo que plantea públicamente el ministro de Economía, Luis Caputo, es “discutible”. “Hay algunos conceptos que él llama abusos y que es correcto que se revisen, pero no el alumbrado público. Ahí hay una prestación directa de servicio y una garantía para sostenerlo”, se sinceró.
En el caso de Morón, el agujero fiscal que se produciría es directo: dejaría de percibir alrededor de 1800 millones de pesos mediante el convenio con Edenor que debería volcar a las tasas que le envía a las familias del distrito. Es decir, en la boleta de la compañía eléctrica el monto total sería entre dos mil y tres mil pesos menor, que automáticamente deberán ser trasladados a la factura del municipal. Ahí está el debate.
“Nosotros no decimos nada sobre lo que tienen que hacer los Municipios”, señalaron desde el Gobierno nacional, que únicamente tienen jurisdicción sobre las empresas. En el Ejecutivo afirmaron que, en el caso de aquellos que no tengan cautelar, la norma “está vigente” y debe aplicarse.
En caso de no hacerlo, las sanciones arrancan en apercibimientos y suben hasta $374.129, mientras que la más alta alcanza los $1.571.343.900, según la última actualización.
Las sanciones, según la ley Nº 24.240 y sus modificatorias de Defensa del Consumidor que aplica en este caso, son el apercibimiento; la multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2100) canastas básicas total para el hogar 3 ($748.259 en agosto); el decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción; la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta 30 días; la suspensión de hasta 5 años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado; y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales.
Mientras, las empresas de distribución de energía fundamentan que, para cambiar lo que perciben en sus facturas, esperan una resolución complementaria de sus entes reguladores (ENRE o Enargas, por caso), al tiempo que admitieron que la decisión del Gobierno, de aplicarse, provocará un conflicto con la normativa municipal. Es que las subas de impuestos o los convenios por los que se cobra una tasa en una boleta de luz y gas se definen en convenios firmados con las firmas y aprobados en los Concejos Deliberantes.
