La justicia de Morón profundiza su investigación sobre las células que actúan en la región oeste y que extorsiona a comerciantes de nacionalidad china para que abonen fuertes sumas de dinero a cambio de dejarlos trabajar.
En un trabajo coordinado por la fiscal Adriana Suárez Corripio, a cargo de la UFI Nº 8 de ese Departamento Judicial, y llevado adelante por el ayudante fiscal Martín Schebes, personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía bonaerense, que oficia de enlace con Interpol, detuvo al sospechoso de haber concretado una serie de amenazas contra titulares de supermercados barriales.
Fuentes de la investigación consignaron a Primer Plano Online que el detenido es Pablo Rodrigo Sánchez (45), a quien le secuestraron un teléfono celular, un pen drive con información vinculada al expediente en trámite y una moto Yamaha FZ16 de color negro cuya titularidad pertenece a Tomás Nahuel Maringolo, otro sujeto que está con prisión preventiva en una causa paralela que se investiga en el Departamento Judicial San Martín.
El modus operandi de la organización es “propio de la mafia china”, definió uno de los voceros consultados. Está estructurada bajo el liderazgo de tres cabecillas, que reparten las zonas en las que intimidar a sus víctimas. “Al ser células tan diversificadas y operar con idioma mandarín suele dificultarse su identificación y persecución judicial”, agregó otra fuente.
Lo que hacer es, principalmente, extorsionar comerciantes chinos, generalmente dueños y encargados de supermercados, a quienes les exigen la entrega de treinta mil dólares (US$30.000) en efectivo, bajo amenazas de tomar represalias en su contra.
La mano de obra local con la que cuenta la organización mafiosa
Para concretar cada una de sus maniobras delictivas cuentan con mano de obra argentina. Esos sujetos, contratados para entregar las amenazas, suelen dejar notas impresas en un papel escritas en idioma chino mandarín con la respectiva exigencia.
Además, les atribuyen un usuario de la aplicación de mensajería instantánea china WeChat, para que así las víctimas puedan comunicarse con los autores intelectuales de los hechos y coordinar la entrega de dinero sin descubrir a sus intimidantes.
Las notas extorsivas, en la mayoría de los casos, son dejadas durante la noche, cuando los comercios están cerrados. Las depositan muchas veces debajo de las entradas de los negocios, aunque en algunas oportunidades, y haciendo gala de su impunidad, hasta las entregan en mano a las víctimas a cualquier hora del día.
Lo peor llega cuando se cumple el plazo de pago, porque es cuando comienza la escalada de violencia. Según filmaciones a las que accedió Primer Plano Online, la mafia no tiene pruritos en arrojar materiales explosivos, como ser granadas lacrimógenas y de humo, en el interior de los locales. “No importa si hay clientela ajena a la situación: la amenaza se concreta”, precisaron los voceros.
Un segundo camino en las intimidaciones es el incendio del frente de los comercios o los vehículos de las víctimas. Hay, incluso, una etapa posterior que ya es mucho más sangrienta: efectúan disparos dentro de los supermercados, procurando no herir personas o provocando heridas de la cintura para abajo en los mismos comerciantes o sus empleados.
La última etapa de la mafia es cuando concreta algún crimen: en un paso final gatillan contra la humanidad de las víctimas con intenciones de ocasionarles la muerte o herirlas de gravedad. En casi todos los casos, asimismo, con sus rostros cubiertos por cascos, por ejemplo, y asegurándose que haya filmaciones que lo registren.
Los obstáculos para avanzar con estas investigaciones y los casos Ituzaingó y Merlo
La justicia encuentra obstáculos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Primero porque las víctimas esquivan las denuncias. Segundo, porque en caso de actuar de oficio cuando algún hecho se viraliza el idioma extranjero es un problema. Y la escasez de información que aportan también. Es más: hay quienes prefieren pagar para continuar con sus actividades.
La investigación en curso se inició de oficio en enero de este año, tras la nota dejada por una mujer -ya identificada en el expediente pero aún prófuga- dejó una nota amenazante en el supermercado ‘Blue Sky’ de la calle La Pialada al 3800 en Villa Udaondo, de Ituzaingó. En letras chinas, el texto decía: “no pagaste, te voy a matar. Último aviso para arreglar más rápido”, con un usuario de la plataforma oriental.
Unos días antes, el 30 de diciembre de 2023, un sujeto había apuntado a varias personas con un arma de fuego, accionando reiteradamente el gatillo sin que salieran las balas. Después, al propietario lo baleó en una pierna. Asimismo, la víctima dio cuenta que con anterioridad había recibido otras notas extorsivas, pero que no había hecho la denuncia hasta ese momento.
En ese expediente fue detenido el 11 de junio pasado en un domicilio de Cañuelas al chofer que trasladó al tirador hasta el lugar en un automóvil y que luego lo ayudó a fugar. Pedro Ariel Barceló (40) está imputado por el delito de extorsión, aunque todavía el tirador no fue ubicado.
Asimismo, también en enero de este año se conoció la intimidación sufrida por el propietario de un comercio ubicado en Gardel y De María, en la localidad de Mariano Acosta, de Merlo, en donde desconocidos arrojaron bombas de humo y escaparon rápidamente. En ese caso la justicia actuó de oficio.
Una de las principales sospechosas en estas causas permanece prófuga de la justicia, pese a ya estar identificada. Se trata de Melisa Yael Rodríguez (34), sindicada como autora de notas extorsivas entregadas en comercios de Ituzaingó, Morón, San Martín, José C. Paz, San Miguel, Tres de Febrero y Vicente López, como así también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
