“Estamos en una situación sumamente crítica”, arrancó sus definiciones Elena Pott, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. El reclamo es directo: los plazos de pago luego de entregar un medicamento en mostrador se estiran hasta casi 90 días, y en un proceso inflacionario como el actual cualquier proyección que vaya más allá del hoy es prácticamente imposible de ejecutar con resultados positivos.
“Hemos llegado a un punto en el que nos es difícil sostener las prestaciones a obras sociales, porque somos el único rubro que está financiando servicios a largo plazo y algunas droguerías aplican aumentos de los medicamentos antes que se vean reflejados en los validadores. Es decir, cuando cobremos dentro de 60 días no se cubre ni el 50% del costo, ya ni hablemos de ganancia”, subrayó la farmacéutica en una entrevista con Primer Plano Online.
La advertencia de Pott, que es un grito que emana del sector, es que puede haber corte de ser servicio a los afiliados de PAMI, el mayor comprador de medicamentos en el país. Y también a las obras sociales, que mantienen plazos de pago ajenos a la crisis inflacionaria actual, con tiempos que llegan hasta los tres meses, un factor que impacta negativamente en la economía de las farmacias y hacen inviables las prestaciones.
“El medicamento una persona no lo consume porque tiene ganas sino porque lo necesita para recuperar su salud. Necesitamos que las autoridades vean esta problemática, porque el primer perjudicado es el paciente y luego la cadena”, es el mensaje emanado desde el sector farmacéutico. En concreto peligra el servicio y la atención a la comunidad por lo eterno de la cadena de pago.
“Las obras sociales piden a las farmacias financiación y bonificación, pero nosotros tenemos un margen restringido entre la compra y la venta, que es la utilidad de las farmacias llamado honorario profesional. Actualmente hay entre un 40 y un 45% de aumento a cobrar en 60 días. ¿Cómo seguimos adelante así?”, se preguntó Pott. “Nosotros con nuestro capital financiamos al sistema”, agregó.
Y en cuanto al PAMI detalló: “es el gran comprador de medicamentos y se firmó un convenio en el que se estableció una diferencia de entre el 5 y el 10% entre lo que se iba a pagar y el precio real. Ahora estamos casi en un 70% de diferencia por el impacto inflacionario. ¿Cómo se sostiene? Es lo que estamos tratando de negociar, y además un pronto pago. No queremos cortar las prestaciones, porque si se pierde a los afiliados de PAMI el parate es total y el perjuicio a la población es enorme”, señaló Pott.
Pero, en esa misma sintonía, reconoció que “si el dólar se sigue disparando las listas de precios se van a seguir modificando”. “Hay más de 40 listas en espera, según nos informaron desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia. Los laboratorios no pierden nunca. La gente no sé qué va a hacer”, reflexionó.
La referente del colegio que nuclea a la actividad farmacéutica en la región oeste también reveló que “la venta de medicamentos bajó” en relación a años anteriores. “Si bien hubo un aumento en junio, cayó mucho en julio y agosto. Aquella farmacia que no atiende obras sociales prácticamente no trabaja. A la mañana, por ejemplo, todo el mundo ingresa con obra social, la que sea. Ahora, un antibiótico común está casi seis mil pesos. Un mucolítico más de cuatro mil. Estamos en estado de alerta y emergencia, porque peligran puestos de trabajo”, completó.
Y también se refirió a IOMA, el gran prestador en regiones como La Plata, que también paga a 60 o 90 días. Y con un problema adicional: en casos como las bolsas de colostomía reconocen una sola marca. Y paga un determinado valor, pero no se consiguen. Y con lo que abonan no se cubre el costo. Entonces, los pacientes no encuentran ese insumo. “Y eso termina en un conflicto en el mostrador, porque el farmacéutico es denunciado y sancionado”, finalizó Pott.