El Gobierno nacional mandó al Congreso para su debate el proyecto de ley que sustituye el artículo 435 del Código Civil y Comercial e incorpora el divorcio exprés siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo en disolver el contrato conyugal.
“Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica”, se indica en la iniciativa girada al parlamento para su debate.
En rigor, lo que indica el texto es que un matrimonio podrá ser disuelto, siempre y cuando exista acuerdo y no litigio por división de bienes, por ejemplo, en un Registro Civil, el mismo en el cual se contrajo, sin necesidad de la realización de un juicio ni de intervención de profesionales de la abogacía.
“Los divorcios judiciales demandan tiempo y dinero, conllevan el gasto de sumas de dinero sustanciales por el costo del proceso y todo lo que ello implica. Además, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”, se estableció en la redacción.
Además, “generan un incremento del número de causas en el sistema judicial”, lo que redunda en “lentitud en el sistema” y “costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”. Esa es la lectura del Gobierno de Javier Milei que ahora deberá discutir el Congreso.
Mayor libertad a las personas que deciden terminar con el matrimonio
En septiembre pasado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había calificado de “casta” a los profesionales de la Abogacía que intervienen frente a litigios que involucran a la sociedad, en este caso, los divorcios.
“Vamos a mandar un proyecto, que también estaba en Ley Bases, de lo que se llama el divorcio simplificado. Porque si te casás en un registro, no te podés divorciar en un registro si las partes están de acuerdo. Vamos a ver qué dicen los abogados ahí, la casta”, chicaneó.
Ahora, en el texto enviado al parlamento, el Gobierno planteó que “este sistema permite que personas unidas en matrimonio con voluntad de poner fin al vínculo y con recursos o tiempo insuficiente para afrontar el proceso de divorcio judicial puedan tramitar este de manera simple, veloz y económica y, a su vez, por intermedio de esta herramienta vean incrementada su libertad”.
Frente al desafío planteado a la profesión, el presidente del Colegio de Abogados de Morón (CAM), Jorge Frega, salió al cruce de las palabras de Sturzenegger y aseguró que “no somos la casta”. En una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano por el canal Somos, de Flow, anticipó la batalla que están prestos a librar: “venimos a poner la voz en contra de lo que consideramos un perjuicio para la población en general”.
Frega aclaró que el rechazo a la propuesta “no es un tema puramente corporativo”. “El ministro cree que la modernización es retroceder muchos años para atrás, como cuando el Príncipe otorgaba los matrimonios y los deshacía a su antojo, donde un órgano administrativo resolvía cuestiones de los seres humanos sin que tuvieran oportunidad de defenderse”, le contestó.
La explicación del letrado sobre lo que implica un divorcio es mucho más profunda que la simple disolución de un contrato conyugal. Se ponen en juego muchas cosas, no sólo patrimoniales, que “no se garantizan si uno va frente a un empleado público”, que es quien tendría intervención al recibir la demanda. “El funcionario recién pondría su firma al final”, señaló Frega.
