Crisis en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): cuatro de las cinco cámaras empresarias que nuclean a colectivos que circulan por las calles del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires advirtieron que sobre la imposibilidad de pagar salarios de diciembre a sus trabajadores y siembran nuevamente una alarma sobre el sistema.
La estrategia ahora es otra: desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA) salieron a pedir una “reunión urgente” con el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero.
Representantes de las empresas de colectivos aseguran que enfrentan una “situación crítica” que pone en jaque la continuidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones. “Los problemas estructurales del sector, lejos de solucionarse, se han agravado en los últimos meses debido a la falta de recomposición de costos por parte de las jurisdicciones responsables”, indican en la misiva.
Encima enfrentan una fecha límite: afirman que no podrán garantizar el pago de los salarios correspondientes a diciembre de 2024, cuyo vencimiento está fijado para el martes 7 de enero de 2025. Eso, naturalmente, abre las puertas para la paralización de los servicios por reclamos gremiales si es que la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) decide realizar una medida de fuerza, cosa que últimamente no pasó.
Qué hará el gremio UTA si las empresas no abonan los salarios en tiempo y forma
En rigor, lo que viene sucediendo es que realizan retención de tareas choferes de las líneas que no abonan en tiempo y forma los sueldos. Pero no son acciones tomadas por completo desde el gremio sino que se llevan delante de manera sectorizadas. Es que las empresas manejan distintas realidades y no todas están en crisis.
“Tanto el sector empresarial como los trabajadores somos víctimas de una misma situación: el silencio total de las autoridades responsables, que se niegan a determinar ingresos suficientes para cubrir los costos del servicio”, señalan desde las cámaras en la carta en la que califican como “angustiante” el momento que viven.
Se quejan, en rigor, del torniquete que no les permite administrar sus propios fondos: el sistema de compensaciones (subsidios) está determinado por una ecuación económica que definen las autoridades de Nación y Provincia de Buenos Aires que no alcanza para cubrir el valor del servicio que brindan. Y tampoco les otorgan un aumento de tarifas o reconocimiento de mayores costos.
Las empresas aseguran que operan con costos calculados en base a la economía de junio de 2024, lo que transforma esos montos que perciben como “insuficientes”. Y afirman que ven comprometido no sólo el pago de salarios sino también el cumplimiento de obligaciones fiscales, previsionales y comerciales.
el boleto mínimo sale $370. El Gobierno compensa por cada pasajero $500, con lo cual el ingreso llega a $870. De ahí a los $1.400 que cuesta un traslado es lo que pierde el sector empresario: es decir, $530. Además, los costos son los que había en junio.
Por último, desde el sector empresario anticipan que esta realidad “inédita” podría desembocar en el colapso del servicio público de transporte y afectar directamente a millones de personas usuarias. “La responsabilidad de lo que acontezca jamás podrá serle atribuida al sector empresarial, que sigue operando en condiciones extremas de inviabilidad económica”, concluyeron.
