“No se dejen convencer, alienten concurrir a clases”: el mensaje de dos fiscales de La Matanza

Pablo Insúa y Juan Pablo Pepe Volpicina, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, grabaron un video para advertir, asimismo, que más allá de la edad de quien las protagonice, lejos está de ser un chiste: las penas previstas en el Código van desde los 2 a los 6 años de prisión, además de las consecuencias para sus familias responsables.

En menos de una semana, el Departamento Judicial La Matanza sumó cerca de 300 denuncias con amenazas de tiroteos en escuelas. Por ese motivo la justicia decidió salir a jugar fuerte con un mensaje destinado a intentar pacificar el momento, advirtiendo de las consecuencias de su accionar a quienes las protagonizan.

Fueron Pablo Insúa y Juan Pablo Pepe Volpicina los funcionarios del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que filmaron un video para transmitir la “preocupación” de las autoridades, ya sea políticas como educativas y policiales, acerca de la cantidad de intimidaciones que aparecieron en establecimientos educativos y también en redes sociales.

“Es un delito muy grave que está tipificado por el Código Penal, en el artículo 211, y tiene una pena de dos a seis años de prisión. Eso puede llevar al encierro de las personas que profieren ese tipo de amenazas”, subrayaron en la filmación, en la que además revelaron que “la mayoría de los investigados ya están individualizados”.

Eso equivale a advertir que en las próximas horas habrá allanamientos en sus viviendas, en la que la Policía tiene la orden de secuestrar todos los dispositivos tecnológicos que haya en los domicilios, las armas si es que existen (muchas imágenes son creadas por inteligencia artificial) y hasta consolas de juegos, que al permitir contactos en red también habilita la propagación de este tipo de mensajes.

No es un chiste: es un delito

“Es importante saber que no es un chiste, no es un juego, no es una broma: es un delito que, además, trae un montón de consecuencias para tanto el joven como su familia. No importa la edad que tenga la persona imputada: puede terminar privada de su libertad en un instituto con una medida de seguridad”, agregaron los fiscales.

La justicia intenta de este modo bajar línea directa e involucrarse en una problemática que, desde hace días, puso en alerta a todo el ámbito institucional. Y, en paralelo, dejar un mensaje pacifista, como también están haciendo desde organizaciones estudiantiles en todo el país: la escuela no debe ser un lugar para la violencia.

No se dejen convencer por terceros que los alientan a generar este tipo de amenazas, de disturbios. Por el contrario: alienten ir al colegio, a concurrir a clases, y no le nieguen el derecho a sus a sus compañeros de estudiar”, cerraron Pepe Volpicina e Insúa.

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