El concejal peronista de La Matanza Gabriel Aranda, quien la semana pasada permaneció demorado por casi 10 horas luego de una orden emanada por la justicia federal de Morón, anunció que iniciará acciones legales contra funcionarios judiciales y policiales que participaron del procedimiento, al que calificó como una “detención ilegal”.
Lo hizo durante una conferencia de prensa realizada en el anexo del Concejo Deliberante en la que estuvo acompañado por la principal referente del espacio político que integra, la diputada provincial mandato cumplido Patricia Cubría, ex candidata a la intendencia de ese distrito por el Frente Vecinal.
Como informó Primer Plano Online, el jueves de la semana pasada (11 de julio) Aranda fue abordado por una comitiva de agentes pertenecientes a la Policía de la provincia de Buenos Aires a la salida del recinto de sesiones. Luego de un breve diálogo fue conducido hacia un patrullero y trasladado hasta la Jefatura Departamental de Puente 12, en donde permaneció hasta la 1.30 del día siguiente.
En rigor, fuentes judiciales detallaron a este medio que el edil nunca estuvo formalmente detenido, sino que fue notificado del inicio de una causa en su contra en un procedimiento que no suele ser habitual. Según el concejal, “nunca” los oficiales le presentaron una orden de arresto a la hora de llevarlo. “Me mostraron un papel y cuándo se los pedí, lo guardaron”, explicó.
Gabriel Aranda: “en todo momento estuve muy tranquilo porque sé que no iban a encontrar nada”
Según el relato de Aranda, quien también es presidente del club Deportivo Laferrere, camino a Puente 12 los oficiales “intentaron confiscarme el celular” y, ante su negativa a entregarlo, “comenzó una discusión con los policías en donde le pedí a mi esposa que escriba en mis redes sociales lo que estaba sucediendo ante mi incertidumbre que tenía”.
Una vez en la Jefatura, Aranda y su chofer “quedaron demorados e incomunicados sin orden de detención”, sino que lo único que había era “una orden de notificación para el concejal”, detallaron desde el Frente Vecinal. Entonces permaneció en esa condición hasta la madrugada del viernes siguiente con el argumento de que “no interrumpiera en los allanamientos que se estaban llevando adelante”.
“En todo momento estuve muy tranquilo porque sé que no iban a encontrar nada”, remarcó el edil. Ya entrada la jornada siguiente, “me llamaron a otra oficina y me tomaron los datos. Finalmente, un oficial me comunicó que todo el procedimiento correspondía a una averiguación de antecedentes”, indicó en su exposición.
Y completó: “quisieron humillarme y armar un circo político. Quisieron humillar a todos los que venimos trabajando desde abajo, a los que realmente queremos un cambio, pero no lo consiguieron. “Estamos más firmes que nunca”.
La defensa de Patricia Cubría al concejal Gabriel Aranda
Patricia Cubría, dirigente que integra el Movimiento Evita y el año pasado enfrentó al intendente Fernando Espinoza en la interna de Unión por la Patria en La Matanza defendió al concejal Aranda, a quien presentó como “un militante social a quien tuvo la virtud, junto a su comunidad, de construir y darle vida a un club de barrio”.
“Lo conocí a través de una consigna: ‘Ni un Pibe Menos por la Droga’. Y es por esto y por muchas cosas más que elegimos a Gabriel como nuestro representante en el Concejo Deliberante”, señaló. Curiosidades del destino: la causa en la que está investigado el edil es un desprendimiento del expediente principal contra el capo narco Nicolás Guimil, conocido popularmente como Chaki Chan.
En ese sentido, Cubría enfatizó: “nosotros somos la antítesis de la droga; militamos para que ningún niño, niña o adolescente caiga en el problema de la adicción y el consumo problemático”. Y aclaró: “festejamos y estamos totalmente de acuerdo con que se persiga y se investigue el narcocrimen, que los verdaderos criminales estén presos”.
Para finalizar, la dirigente subrayó que “la jueza (Alicia Vence) en ningún momento ordenó que se hicieran las aberraciones que se hicieron en la puerta del Concejo Deliberante. Esta aberración es responsabilidad de quienes estuvieron al mando de la instrucción. Lo que sucedió esa jornada es gravísimo”.
Y cerró avisando que, junto a Aranda, van a iniciar “acciones judiciales contra todos los funcionarios que estuvieron al mando de este operativo, porque se han vulnerado los derechos humanos de Gabriel, de su familia, de sus seres queridos, del Concejo Deliberante y sus representantes, quienes también fueron agredidos en su normal desarrollo institucional”.
