Representantes de la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) radicaron una presentación judicial ante el juez Jorge Rodríguez, titular del Juzgado Federal Nº 2 de Morón, para que se investigue si fueron tareas de inteligencia ilegales las realizadas por un efectivo perteneciente a la comisaría 3 de Castelar sur en la caravana realizada por organismos de Derechos Humanos durante los días previos a un nuevo aniversario del último golpe militar.
La denuncia lleva las firmas de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y de la militante feminista Dora Barrancos, quienes presiden la CPM, y del secretario general de esa entidad, Roberto Cipriano García. Como informó Primer Plano Online, el hecho ocurrió el pasado 15 de marzo durante la denominada ‘Caravana por la Memoria, la Verdad y la Justicia’ que se lleva adelante cada año.
El incidente se suscitó luego de que las y los militantes observaran la presencia de un agente uniformado a bordo de un auto que “mediante un teléfono celular tomaba fotografías y filmaciones de las personas allí congregadas”, dice la presentación a la que tuvo acceso este medio. El efectivo policial en cuestión es el subcomisario Marcos de la Cruz.
“Cabe destacar que en el recorrido de la mencionada caravana se identificó a otra persona de civil que podría haber estado realizando tareas de reunión de información, vedadas por la normativa vigente”, agregaron en la petición para que esa conducta sea investigada.
El pedido realizado por el intendente Lucas Ghi a la Policía
A raíz del incidente, el intendente Lucas Ghi le envió una nota al jefe de la Estación de Policía de Morón para solicitarle información sobre lo sucedido. “Se advirtió la presencia de un móvil particular, dominio MSZ368, en el que se encontraba un efectivo policial uniformado filmando con un celular a las personas que participaron de la actividad mencionada”, fue el escrito enviado por el jefe comunal.
“Asimismo, informe qué consigna se encontraba cumpliendo dicho efectivo policial y por quién fue impartida la orden”, enfatizó el jefe comunal, visiblemente molesto con la situación. Este medio no pudo confirmar si recibió respuesta oficial al planteo.
De todos modos, más allá de la contestación o no a nivel institucional, para la CPM “estas acciones desplegadas por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires constituyen una flagrante violación a la Ley Nacional de Inteligencia 25.520”.
Esa normativa prohíbe la comisión de actividades de inteligencia sobre organizaciones políticas, sociales y organismos de Derechos Humanos, y “podrían constituir otros delitos que deben ser definidos en el transcurso de la investigación”, completaron en la denuncia.
