Autoridades judiciales, políticas y sanitarias bonaerenses pusieron en marcha un nuevo protocolo para establecer lineamientos de actuación en casos extremos que puedan dar lugar a procesos de ablación de órganos y/o tejidos frente a muertes traumáticas de donantes.
El convenio institucional lo firmaron el presidente de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres; el procurador general, Julio Conte Grand; los ministros de Seguridad y Salud, Javier Alonso y Nicolás Kreplak; y el titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), Francisco Leone.
“Este instrumento expresa un compromiso profundo con una política pública de la más alta sensibilidad”, destacó el ministro Torres tras la rúbrica. Añadió que se trata de “asegurar una actuación coordinada, eficiente y humana allí donde existe la posibilidad de salvar o mejorar una vida”.
El “decisivo” rol del Estado
El supremo también subrayó que la donación de órganos “constituye una práctica solidaria en su máxima expresión, capaz de transformar una pérdida irreparable en una oportunidad de vida para otras personas”, y afirmó que el acuerdo institucional “representa un hecho histórico: la convergencia de múltiples instituciones en torno a un objetivo común y particularmente complejo, para el cual el rol del Estado, en todas sus dimensiones, resulta decisivo”.
La ceremonia contó con la participación del vicepresidente de la Suprema Corte, Daniel Soria; funcionarios del máximo tribunal de justicia, de la Procuración y del resto de las carteras involucradas, además de magistrados y representantes de la sociedad civil.
Para Kreplak, por su parte, el convenio “representa un avance significativo para fortalecer el sistema de donación y trasplante en la provincia, mejorando la capacidad de respuesta ante situaciones críticas con impacto directo en la posibilidad de salvar vidas”.
