La participación de funcionarios de la justicia de Morón en el proyecto de Policía Municipal elaborado por el Municipio sigue siendo motivo de discusiones y fuertes cruces entre oficialismo y oposición. El tema se coló en la interpelación que la semana pasada enfrentó el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, y siguió en redes sociales, con fragmentos usados por ediles de diversos colores políticos para intentar dejar expuesta su posición.
¿Hubo injerencia de un poder sobre otro? “De ninguna manera. No hay vulneración de ninguna división de poderes”, sentenció Matías Rappazzo, presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires y titular también de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón.
Él mismo estuvo sentado en la mesa en la que se intercambiaron ideas sobre la iniciativa y valoró esa convocatoria de parte del Ejecutivo local. Es más: hasta le quitó trascendencia. “La realidad es que no es algo muy novedoso. En otros Departamentos Judiciales, los directores de las carreras de Policía Judicial son magistrados. Yo entré al Poder Judicial en 1992 y siempre los profesores son magistrados”, enfatizó.
“Es lo más normal, viene pasando hace un montón. Y creo que está bueno, porque si yo soy fiscal y voy a tener a una Policía que me va a llamar por los hechos, prefiero explicarle cómo hacer las actas para que las cosas no sean nulas. Y eso de ninguna manera vulnera la independencia de poderes”, graficó.
Polémica por celulares en las cárceles
El plan descubierto la semana pasada para asesinar a una fiscal de San Isidro tramado por dos presos alojados en unidades penitenciarias a los que la Policía les incautó sus celulares puso nuevamente de relieve un tema del que hace rato se habla y sobre el cual la política bonaerense no tomó aún medidas concretas.
Hay un protocolo que autoriza la comunicación con el mundo exterior de personas privadas de su libertad que se implementó con la pandemia de Covid-19, pero ya pasaron varios años y la emergencia sanitaria no existe más. Por lo tanto, según Rappazzo es hora de discutir quiénes deberían poder contar con dispositivos pensando en su resocialización.
“Algunos medios nacionales recrean una idealización de la justicia que no es la bonaerense. Hay que preocuparse por todos los colegas que pueden ser amenazados o tener en juego sus vidas o la de sus familiares por el ejercicio de sus funciones. Pero la discusión más profunda es el tema de los celulares en las unidades carcelarias”, reflexionó el funcionario.
“Esto no hubiera sucedido sin celulares en las cárceles. No es que digo ningún preso con celular. Dentro de las normas del Servicio Penitenciario y dentro de las unidades hay pabellones de conducta, hay pabellones de personas que tienen concepto 10, hay cárceles abiertas. Entonces, hay que empezar a racionalizar: no es lo mismo darle un celular a alguien que está en un pabellón que recién entró con alguien que hace unos años que está resociabilizándose, que trabaja, que estudia”, concluyó en su análisis.
Por supuesto: es una decisión que excede a la justicia y debe ser dispuesta por el Poder Legislativo o por el Ejecutivo. Además, está claro que no es un caso exclusivo: ya se descubrieron múltiples delitos originados por personas privadas de su libertad a través de variadas metodologías y, en su mayoría, con complicidad de gente extramuros.
