Una investigación judicial que comenzó a partir de una denuncia por amenazas derivó en una serie de allanamientos en dos cárceles bonaerenses y en el descubrimiento de un presunto plan criminal contra una fiscal de San Isidro y su entorno familiar.
Como consecuencia de los procedimientos fueron aprehendidos dos internos, sindicados como los principales responsables de la maniobra. Los operativos fueron realizados en las unidades penitenciarias 21 de Campana y 31 de Florencio Varela por orden del Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, a pedido del fiscal general adjunto de ese departamento judicial, Patricio Ferrari.
Los dos sindicados por la maniobra fueron identificados como Martín Darío Rettori (42), alojado en la Unidad 31 de Florencio Varela, y Ariel Ernesto Libertini (47), detenido en la Unidad 21 de Campana. Ambos ya habían sido investigados y detenidos en una causa por robo agravado y asociación ilícita en la que intervino la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI Boulogne.
Según consta en la investigación, Rettori habría aprovechado su trabajo en un estacionamiento para sustraer y duplicar llaves de viviendas que encontraba dentro de vehículos. Posteriormente, junto con otros integrantes de la organización, habría utilizado esa información para planificar entraderas y escruches tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Capital Federal.
El plan criminal contra la fiscal
Después de aquellas detenciones, los investigadores profundizaron las pesquisas y realizaron nuevos procedimientos en las cárceles donde estaban alojados los sospechosos. Las pericias sobre los teléfonos celulares secuestrados permitieron detectar comunicaciones entre ambos internos que, de acuerdo con la causa, revelaban la planificación de acciones contra la fiscal y personas de su entorno.
Los mensajes analizados contenían información precisa sobre el automóvil de la funcionaria, su domicilio, integrantes de su grupo familiar y números telefónicos de ella y de su pareja. Para los investigadores, esos elementos “forman parte de una planificación destinada a concretar un ataque contra la fiscal”.
La pesquisa también determinó que, pese a encontrarse detenidos, Rettori y Libertini habrían continuado organizando actividades delictivas desde las unidades penitenciarias mediante el acceso a teléfonos celulares. Durante varios meses se realizaron intervenciones telefónicas y otras tareas de inteligencia que permitieron reunir nuevos elementos para la investigación.
Los tres dispositivos serán sometidos a nuevas pericias para determinar su contenido y establecer si existen más comunicaciones vinculadas con el presunto plan contra la fiscal. La causa fue caratulada como amenazas agravadas y coacción, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de las maniobras que, según los investigadores, habrían sido coordinadas desde el interior de los penales.
