La Cámara Nacional Electoral confirmó el procesamiento contra cuatro dirigentes políticos acusados de haberse quedado con el dinero que el Estado brindó para la campaña política de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2023.
Los imputados enfrentan cargos por los delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público. Se trata de los responsables de las agrupaciones ‘Justicia y Dignidad Patriótica’, ‘Proyecto Joven’, ‘Encuentro Republicano Federal’ y ‘Esperanza del Pueblo’.
Los cuatro sindicados como autores de la maniobra son Ernesto Raúl Habra (en su caso en cuatro oportunidades, dos de ellas en grado de tentativa por los partidos Justicia y Dignidad Patriótica y Proyecto Joven); Yamil Eloy Salerno (apoderado de Proyecto Joven); Sergio Jesús Medrano (apoderado de Justicia y Dignidad Patriótica); y Matías Mauricio Burgos (responsable de Esperanza del Pueblo). En todos los casos están procesados sin prisión preventiva.
Esos partidos percibieron aportes públicos para solventar la campaña electoral de aquel año y para la impresión de las boletas de sufragio. Sin embargo, no pudieron acreditar ante el juez Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal con competencia electoral en territorio bonaerense, que el dinero percibido del Estado Nacional haya sido destinado al fin previsto en la legislación electoral nacional.
La justicia logró establecer que la maniobra delictiva implicó un singular modus operandi que derivó en el desfalco. Por caso: la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, entregó a ‘Proyecto Joven’ la suma de $352.050.020,32 en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas; a la agrupación ‘Justicia y Dignidad Patriótica’ le asignó $124.224.124,30 también como aporte de campaña e impresión de boletas. Sin embargo, los acusados desviaron las sumas mencionadas para otros fines distintos de los que motivaron su asignación.
Embargos millonarios
Por eso el juez Ramos Padilla trabó embargos millonarios sobre los patrimonios de los cuatro imputados como una “medida que eventualmente le permita al Estado reclamar y recuperar el dinero aportado y percibido por las agrupaciones en forma ilegítima, para evitar que se pueda consolidar el daño al patrimonio público”.
El monto del citado embargo es, en el caso de Habra, hasta cubrir la suma de cuatrocientos ochenta millones de pesos ($480.000.000); sobre Medrano hasta cubrir la suma de ciento cuarenta millones de pesos ($140.000.000); sobre Salerno hasta cubrir la suma de trescientos setenta millones de pesos ($370.000.000); y sobre Burgos hasta cubrir la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).
Surge de la investigación también que los partidos sujetos a investigación habían presentado dentro de su nómina de precandidatos/as personas que se hallaban fallecidas. Asimismo, el tribunal destacó que las irregularidades versaban en la existencia de datos falsos en los documentos que eran presentados con el objeto de que se apruebe la participación en los comicios y se habilite el uso de los fondos públicos, toda vez que existían pruebas que varias personas no habían consentido ni suscripto las precandidaturas que fueron presentadas.
La cámara señaló que “los partidos políticos revisten la condición de auxiliares del Estado, son organizaciones necesarias para el desenvolvimiento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos de Gobierno”. Asimismo, resaltó que “revisten la condición de auxiliares del Estado y son organizaciones de derecho público no estatal, necesarias para el desenvolvimiento de la democracia, que condicionan los aspectos más íntimos de la vida política nacional e, incluso, la acción de los poderes gubernamentales”.
