La justicia electoral detectó una estafa al Estado urdida en base a la presentación de candidaturas truchas, sin consentimiento de las y los postulantes, y con personas que incluso habían fallecido hacía 10 años. Por la causa hay cuatro procesados, a quienes el juez Alejo Ramos Padilla les trabó un embargo por casi mil millones de pesos y ordenó el congelamiento de sus activos.
Se trata de los apoderados de los partidos políticos Proyecto Joven, al cual durante la elección de 2023 le asignaron un total de $352.050.020,32, en concepto de aportes de campaña e impresión de boletas; de Justicia y Dignidad Patriótica, que percibió un total de $124.224.124,30; Esperanza del Pueblo, que no cobró los montos asignados porque las listas con precandidaturas fueron rechazadas por la justicia; y de Encuentro Republicano Federal, que al igual que el caso mencionado antes tampoco alcanzó a percibir las sumas que le habían sido determinadas.
“En la presente causa se investigan una serie de maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real para así acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y su participación en la contienda electoral”, se especifica en la resolución a la que tuvo acceso Primer Plano Online.
En la investigación, Ramos Padilla detectó que las precandidaturas que las fuerzas mencionadas presentaban ante la Secretaría Electoral también se correspondían con personas que no tenían conocimiento de dicha postulación, o siquiera de la existencia del partido político por el cual eran presentadas. “En algunos casos, esas personas incluso se encontraban fallecidas hasta más de 10 años atrás”, se detalló.
Candidaturas sin consentimiento ni conocimiento de las agrupaciones
El magistrado aclaró en su resolución que el sostenimiento económico estatal parcial de las actividades partidarias y del sistema electoral se encuentra previsto en el artículo 38 de la Constitución Nacional.
Entre otras cuestiones, busca garantizar la elección democrática y transparente de los poderes constitucionales. Al mismo tiempo, procura que los partidos políticos tiendan a competir en condiciones de igualdad, difundiendo sus ideas y sin resultar apremiados por necesidades económicas que luego podrían traducirse en un condicionamiento en el ejercicio de los cargos públicos, en detrimento del interés general.
Fue en ese contexto que, al revisar las postulaciones de esos partidos políticos, la justicia descubra el ardid. Es que Encuentro Republicano Federal, Esperanza del Pueblo, Justicia y Dignidad Patriótica y Proyecto Joven presentaron en sus nóminas diversas irregularidades. Además de personas fallecidas, gran cantidad de candidatos y candidatas que no dieron su consentimiento y que ni siquiera sabían de que existían esas estructuras electorales.
Son varios los casos que acumuló la justicia durante la investigación: de 216 declaraciones testimoniales de precandidatos y precandidatas de las distintas listas sobre 228 postulaciones, fueron ratificadas únicamente 58 precandidaturas, lo que equivale al 25,55% del total. Es decir, uno de cada cuatro candidatos dio su aval para serlo.
En cuanto al 74,44% de las postulaciones restantes, es decir 170 precandidaturas, corresponden a personas que refirieron no tener conocimiento respecto a su postulación y, por consiguiente, negaron haber dado su consentimiento y haber firmado la documentación correspondiente. “A ello se suma que una gran cantidad de declarantes no tenía siquiera conocimiento de la existencia de los partidos políticos que los llevaron como precandidatos en sus listas”, precisó el magistrado.
La imputación formal a los cuatro procesados por la estafa electoral
La imputación formal a los referentes de cada uno de los partidos la justicia los acusa de los delitos de defraudación a la administración pública mediante la falsificación de documentos públicos y/o la inserción de datos falsos en documentos públicos en la presentación de candidaturas en concurso ideal con el delito de falsedad ideológica de documento público.
Los cuatro sindicados como autores de la maniobra son Ernesto Raúl Habra (en su caso en cuatro oportunidades, dos de ellas en grado de tentativa por los partidos Justicia y Dignidad Patriótica y Proyecto Joven); Yamil Eloy Salerno (apoderado de Proyecto Joven), Sergio Jesús Medrano (apoderado de Justicia y Dignidad Patriótica) y Matías Mauricio Burgos (responsable de Esperanza del Pueblo). En todos los casos los procesamientos son sin prisión preventiva.
Asimismo, Ramos Padilla trabó embargos sobre los patrimonios de los cuatro imputados como una “medida que eventualmente le permita al Estado reclamar y recuperar el dinero aportado y percibido por las agrupaciones en forma ilegítima, para evitar que se pueda consolidar el daño al patrimonio público”.
El monto del citado embargo es, en el caso de Habra, hasta cubrir la suma de cuatrocientos ochenta mil millones de pesos ($480.000.000); sobre Medrano hasta cubrir la suma de ciento cuarenta mil millones de pesos ($140.000.000); sobre Salerno hasta cubrir la suma de trescientos setenta millones de pesos ($370.000.000); y sobre Burgos hasta cubrir la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).
En paralelo la justicia ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias y activos de Habra, Salerno y Medrano, y a los últimos dos les prohibió la salida del país.
