Nicolás Alejandro Galván tenía 21 años. Hacía dos semanas que recibió el telegrama de despido de una cadena de electrodomésticos en la que trabajaba y, mientras pensaba qué hacer con su futuro, acordó la venta de una moto de su propiedad para ir tirando con unos mangos.
La mañana del pasado 18 de agosto se dirigía a la casa de su mamá, en donde guardaba el rodado. Tenía turno ese día para hacer la verificación policial y así poder avanzar con la operación. Pero dos camiones, literalmente, se interpusieron en su camino: a uno lo intentó sobrepasar por la izquierda y al otro se lo encontró de frente. Sucedió sobre la avenida Otero (Ruta 21) y Del Perú, en Pontevedra, Merlo.
El siniestro fue mortal: el chico murió antes de poder ser trasladado a un centro asistencial. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad que ya está en manos de la justicia y es prueba en la causa. El rodado contra el que colisionó Nicolás no tenía ningún tipo de señalización que indicara su detención total. “Estaba juntando residuos”, describió Vanina, mamá del joven fallecido.
Todo pasó a las 9.30 de la mañana de ese día, es decir, a plena luz del día. El vehículo de gran porte presta servicios para el Municipio de Merlo de manera tercerizada. Y tiene un propietario particular, Jorge Garien, aunque quien lo manejaba esa jornada es un chofer, identificado como Juan Carlos Fernández (54).
“La muerte de mi hijo no puede quedar impune”
El camionero está imputado en una causa por homicidio culposo, a disposición de la Fiscalía N° 8 de Morón y sin restricción de su libertad. El otro camión que participó de la secuencia está identificado, pero no es parte del expediente hasta el momento.
“Cuando subieron a mi hijo a la ambulancia ya tenía pocos signos vitales. En el camino al Hospital Eva Perón hizo un paro cardíaco y murió ahí mismo”, describió la madre del joven. La mujer también manifestó que el camión estaba transitando las calles sin seguro, aunque este medio pudo corroborar que ese dato es erróneo: tenía cobertura de la empresa Agrosalta.
“Las balizas no funcionaban, no tenía ningún tipo de señalización y estaba detenido en un lugar que no correspondía. Pido justicia: la muerte de mi hijo no puede quedar impune. Necesito que mi hijo descanse en paz”, concluyó la mujer, que cuenta con abogado particular para que la represente en la causa.
La investigación para establecer responsabilidades todavía espera fecha para la realización de la pericia accidentológica, entre otras medidas de prueba. Nicolás viajaba con su casco colocado y no era un improvisado en el manejo: estaba haciendo el curso para ingresar a una empresa a manejar colectivos.
