El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte resolvió hoy la detención del dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, en función de haberse detectado “riesgos procesales concretos” en el expediente en el que se investiga el presunto lavado de dinero.
Lo que cambió las condiciones en relación a Vallejo es que no cumplió con las obligaciones de presentarse ante la Policía Federal los primeros días de cada mes a certificar su domicilio. Además, dijo vivir en un barrio cerrado en el que no residía hacía más de un año, y tampoco entregó la totalidad de los vehículos que el magistrado ordenó secuestrar.
“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside. Esa situación se agrava con el estado actual de la investigación”, sentenció Rodríguez Ponte en su resolución.
A su vez, el magistrado se dispuso ampliar las declaraciones indagatorias de 16 personas ya imputadas en la causa que investiga al grupo Sur Finanzas, y citó por primera vez a otras cinco. También convocó a representantes de 17 sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas, dos de las cuales ya habían sido indagadas.
“Una estructura financiera dedicada al lavado de dinero”
Según se detalló en la resolución, las nuevas imputaciones surgen de información que llegó a la causa después de las indagatorias de mayo a julio de este año, en particular informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025.
Según la hipótesis del juzgado, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 “se habría constituido una estructura financiera de sociedades dedicada al lavado de dinero bajo diversas modalidades”. El sistema estaba a cargo de Maximiliano Ariel Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y consistía en “darle apariencia legitima a dinero de origen ilícito”.
Ese dinero provendría, en primer lugar, de operaciones de cambio de moneda extranjera realizadas fuera de las normas por una agencia del grupo, y habría circulado luego por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por la compra de inmuebles y vehículos pagados en efectivo.
La resolución describe seis líneas de investigación: la asociación ilícita; el origen cambiario de los fondos; su inversión en bienes y sociedades; el uso de la billetera virtual para mover dinero a través de cuentas de terceros; los movimientos de fondos y bienes en torno a los allanamientos; y la evasión de impuestos por parte de tres sociedades del grupo.
Del relevamiento efectuado por el juzgado sobre los hechos imputados surge un perjuicio fiscal superior a los $12.700 millones, mientras que la pretensión total estimada por ARCA, que incluye otros tributos, supera los $23.000 millones. A ellas se suman hechos individuales atribuidos a empleados del área de sistemas y de prevención de lavado, y a personas que figuraron como titulares de bienes o cuentas.
