Otra vez los celulares en cárceles en el centro del debate público. Pese a los reiterados e insistentes pedidos para la suspensión de su uso a raíz de la cantidad de delitos que se cometen a diario desde los penales bonaerenses, la política no toma la decisión de actuar frente a la problemática.
Ahora, el marco de una investigación por presuntas estafas cometidas mediante la utilización de tecnologías digitales, personal del área de Cibercrimen de la Policía bonaerense llevó adelante un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N° 39 de Ituzaingó y, en paralelo, en un domicilio de la localidad de Villa Tesei, en Hurlingham.
La manda judicial fue solicitada por la Ayudantía Fiscal N° 3 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Matías Marando. Todo se originó luego de una denuncia realizada por una víctima que sufrió una estafa virtual que, luego de las investigaciones de rigor, se comprobó que fue realizada desde un dispositivo ubicado en la mencionada cárcel.
“Desde el interior del penal se realizaron las comunicaciones con fines defraudatorios dirigidas a la víctima de la maniobra”, detallaron voceros de la pesquisa, que aún continúa su curso. Como resultado de los procedimientos, la Policía incautó 4 teléfonos celulares y 14 chips pertenecientes a distintas empresas telefónicas, además de otros elementos considerados de interés para la causa.
En tanto, en el domicilio de Villa Tesei estaba radicado el titular de una billetera digital a la que fue destinada una parte del dinero robado como parte de la estafa. Por eso, los dispositivos serán sometidos a las correspondientes pericias en el marco de la investigación en curso.
Si bien no trascendieron detalles, hubo dos personas detenidas acusadas del delito de estafa. El principal sospechoso es un sujeto que tenía salidas transitorias del penal y la otra es su novia, quién recibía las transferencias. La causa continúa en trámite para determinar la totalidad de las responsabilidades y posibles vinculaciones con otros hechos similares.
La polémica por celulares en las cárceles
“En el Servicio Penitenciario Federal destruimos con una máquina trituradora 4222 celulares que incautamos a partir de una orden judicial. Y están totalmente inhibidos los teléfonos móviles. Las provincias tienen que avanzar en esa dirección”, señaló esta semana la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con La Nación+.
“Voluntad política, decisión y articulación con la justicia: eso falta”, agregó la funcionaria. Es lo que no hay en territorio bonaerense por el momento. Incluso un reciente fallo judicial así lo confirma: fue el que condenó a 20 años de prisión a Orlando Tristán Novillo, el sujeto que desde una cárcel mantuvo cautiva a una niña oriunda de Ituzaingó mediante amenazas y la sometió sexualmente por medios digitales.
Como parte de la condena, el fiscal de juicio, Patricio Pagani, había solicitado que se le impida al pervertido tener acceso a internet por cualquier tipo de dispositivo ya que fue ese el instrumento por el cual cometió la enorme cantidad de delitos contra la menor.
La respuesta del Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón, integrado por los jueces Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Gerez fue que no se podía imponer una prohibición tal porque eso no está legislado. “El régimen de la inhabilitación, sea absoluta o especial, requiere una norma expresa que la vincule a la pena principal, ya que no puede aplicarse ninguna otra restricción inherente a la pena principal de privación de libertad como un mero arbitrio jurisdiccional, sino como parte de la legalidad vigente”, fue la respuesta de los magistrados. Es decir, mandaron a trabajar a los legisladores para avanzar sobre el tema.
