Una joven trabajadora del Municipio de Morón fue detenida acusada de integrar una banda cuyos cerebros operaban desde cárceles bonaerenses para extorsionar víctimas mediante una aplicación de citas y que terminó con el suicidio del soldado Rodrigo Gómez (21) en la Quinta Presidencial de Olivos en diciembre pasado.
La investigación se hizo pública mediante una conferencia de prensa brindada en conjunto por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo del expediente. Lo que se reveló en esa ocasión es que el grupo delictivo operaba mediante la creación de perfiles falsos en aplicaciones de citas para contactar a las víctimas y luego someterlas a maniobras extorsivas y amenazas.
Parte de la banda actuaba desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, donde tres de los principales responsables cumplían condena y utilizaban de manera ilegal teléfonos celulares para cometer los delitos, aunque también tenían contactos afuera que brindaban apoyo logístico a las maniobras. Los detenidos fueron trasladados al Servicio Penitenciario Federal, bajo un régimen de alto riesgo, y se secuestraron dispositivos utilizados para cometer delitos denominados en la jerga como sextorsión.
El caso Karen Cufré, empleada del Municipio de Morón
Una de las detenidas en la causa es Karen Yael Cufré, quien se desempeñaba como empleada de la Secretaría de Seguridad del Municipio de Morón y se desempeñaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de plaza Alsina, en Villa Sarmiento.
Según se sospecha, la joven aportaba apoyo logístico a la organización delictiva y hasta hay elementos en el expediente para suponer que parte de los llamados extorsivos al soldado fueron realizados desde esa dependencia municipal.
Desde la comuna indicaron que Cufré fue incorporada al Gobierno local en 2025 “como personal temporario conforme los procedimientos habituales y sin antecedentes penales al momento de su ingreso, tal como se le solicitara”, y también confirmaron que dispusieron su “cesantía inmediata” una vez que las autoridades fueron notificadas del caso. La revocación de su contratación fue a principios de febrero y el comunicado lo hicieron público ayer, cuando el escándalo estalló.
“El Municipio ratifica su plena colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de la causa”, concluyeron en un comunicado.
La investigación tras la muerte del soldado Rodrigo Gómez
Rodrigo Gómez, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, había recibido amenazas de supuestos policías, quienes le exigían dinero para “sacarlo limpio” de una supuesta causa penal por contacto con una menor de edad. El engaño se gestó en la aplicación ‘Evermatch’, donde el soldado contactó a un perfil falso bajo el nombre de Julieta Ayelén Cardozo.
Una vez establecido el vínculo, los delincuentes activaron el “audio del terror”, tal como lo detallaron fuentes de la investigación: una supuesta madre acusaba al soldado de ser un “degenerado” por hablar con su hija menor de edad. Esta maniobra buscó quebrar la voluntad del joven mediante el miedo a una denuncia penal y el desprestigio frente a sus superiores en el Ejército Argentino.
La presión escaló cuando Rodrigo recibió el llamado de un presunto oficial de la Policía de la Ciudad que decía estar a cargo de la investigación por abuso. Para dar veracidad al relato, los estafadores usurparon la identidad real del agente Matías Nahuel Conti, enviando fotos de documentación y manteniendo diálogos constantes para ganar la confianza del soldado. Bajo la promesa de “limpiar” la causa judicial inexistente, obligaron al joven a realizar múltiples transferencias de dinero, hundiéndolo en un espiral de deudas.
En las últimas horas trascendió parte del escrito que dejó Gómez a sus allegados para explicar su decisión. A manuscrito le pidió “perdón” por lo que calificó como una “estúpida decisión” y expresó que no quería “ser una carga” ni “generar más problemas”.
“No es una muerte honorable, sino más bien patética; nunca pensé que mi vida iba a terminar así por una app de citas”, escribió el joven en un fragmento que leyó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado durante la presentación de los resultados de la investigación.
