La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado para su sanción definitiva el proyecto denominado Ley Ema, una norma que busca reconocer la violencia digital como “una forma específica de violencia de género”, incorporando al Código Penal como agravante específico las agresiones realizadas mediante tecnologías de la información y la comunicación.
La iniciativa fue promovida por Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, una adolescente de 16 años oriunda de Longchamps que se quitó la vida en agosto de 2024 tras la difusión no consentida de imágenes de su intimidad. Su caso expuso la falta de herramientas en las escuelas y en las familias para actuar frente a la violencia digital, y hoy la mujer desde el dolor impulsa un cambio urgente.
La norma, que ahora debe ser tratada por el Senado, establece los lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles del sistema educativo provincial. El texto define como violencia digital a “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada por el uso de tecnologías de la información y comunicación y cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral, incluyendo la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad”.
Herramientas concretas de protección
La iniciativa establece herramientas concretas de protección, entre ellas, la posibilidad de ordenar el cese de hostigamientos también en el ámbito digital, prohibir el contacto por medios tecnológicos, disponer la eliminación de contenidos en plataformas y redes sociales, solicitar el bloqueo o restricción de acceso a sitios y garantizar la preservación de pruebas digitales y peritajes informáticos.
En la práctica eso sucede en varias resoluciones judiciales, pero a partir de su sanción definitiva quedará incorporada a la redacción de la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569), con un apartado específico. Según se argumenta en el texto, el objetivo es “permitir una intervención rápida, preventiva y eficaz frente a este tipo de violencias”.
Además, incorpora un artículo a la Ley de Educación Provincial a fines de que se brinde formación integral de ciudadanía digital y establece el marco general de contenidos, la incorporación de protocolos específicos que garanticen el cese de la vulneración, el resguardo de las pruebas y el acompañamiento de los Equipos de Orientación Escolar, y la capacitación obligatoria específica para todo el personal del sistema educativo.
Una sociedad mediada por pantallas
“Vivimos mediados por las pantallas y las consecuencias de las pantallas en nuestras vidas. La sociedad nos está mirando para ver qué hacemos desde la política con estos temas”, aseguró Mayra Mendoza, una de las impulsoras del proyecto que recibió amplio respaldo legislativo. “Algunos nos encargamos de buscar la forma de sancionar leyes para proteger a las infancias, mientras otros le dan la espalda o alimentan las granjas de trolls”, agregó la diputada.
Su colega de bloque Luciana Padulo, que es autora de diversas iniciativas sobre ciberbullying, hizo hincapié en los esfuerzos que “hace muchos años realizan las corporaciones tratando de frenar que nosotros podamos regular lo que sucede en la red”. “Hay un montón de corporaciones dedicadas a deshumanizarnos, a que seamos reactivos y respondamos a sus intereses”, sentenció.
Quien también siguió el debate desde los palcos fue la senadora Mónica Macha, que a lo largo de 2025 trabajó y militó la ley cuando era diputada nacional y ahora impulsa su rápido tratamiento en la Cámara Alta provincial. “Humanizar la digitalidad es la tarea”, indicó la legisladora y vecina de Morón.
