“Tenemos el gran desafío de humanizar la digitalidad”. La senadora provincial Mónica Macha (Fuerza Patria) presentó un proyecto para reconocer la violencia digital como “una forma específica de violencia de género”, incorporando como agravante específico las agresiones realizadas mediante tecnologías de la información y la comunicación.
La iniciativa establece herramientas concretas de protección, entre ellas, la posibilidad de ordenar el cese de hostigamientos también en el ámbito digital, prohibir el contacto por medios tecnológicos, disponer la eliminación de contenidos en plataformas y redes sociales, solicitar el bloqueo o restricción de acceso a sitios y garantizar la preservación de pruebas digitales y peritajes informáticos.
En la práctica eso sucede en varias resoluciones judiciales, pero en caso de aprobarse la iniciativa ya queda incorporado a la redacción de la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569), con un apartado específico. Según se argumenta en el texto, el objetivo es “permitir una intervención rápida, preventiva y eficaz frente a este tipo de violencias”.
“Creemos que es muy necesario y urgente abordar la problemática de la violencia digital, repensar colectivamente qué es lo que está sucediendo para generar en los entornos digitales una vida libre de violencias. Tenemos el gran desafío de humanizar la digitalidad: lo virtual es real y, además, es político”, explicó Macha al presentar el proyecto.
La mirada de especialistas y familiares de víctimas
La senadora contó en la presentación de la propuesta con la participación del fiscal Claudio Oviedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 del Departamento Judicial de Morón, uno de los especialistas en la investigación de delitos digitales, como la difusión de imágenes de abuso sexual infantil.
“Es importante contar con herramientas para fortalecer las acciones y construir camino. Esta iniciativa va a darnos herramientas que serán de mucha utilidad”, indicó el funcionario, quien estuvo acompañado por Marisa Monti, fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Investigación N° 9 de Morón; y Mariana Solís Ávalos, titular de la Ayudantía Fiscal N° 2 de ese Departamento Judicial.
También fue parte de la actividad Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, una adolescente de 16 años oriunda de Longchamps que se quitó la vida tras la difusión no consentida de imágenes de su intimidad. Su caso expuso la falta de herramientas en las escuelas y en las familias para actuar frente a la violencia digital, y hoy la mujer desde el dolor impulsa un cambio urgente.
“Hace casi dos años para mí era impensado hablar de violencia digital y pienso que, si hubiéramos tenido las herramientas necesarias, la historia de Ema tal vez sería otra. Estamos acá para pensar un por qué y un para qué. Mi sentido de vida, hasta que me encuentre con Ema, va a ser batallar contra la violencia digital”, reflexionó la mujer.
Otro caso testigo de este tipo de situaciones fue el de Belén San Román, que era policía e integraba el Comando de Prevención Rural de Bragado. La mañana del lunes 30 de noviembre de 2020, en plena pandemia, se suicidó: tenía 25 años y era mamá de dos hijos, pero su vida se había apagado por la viralización de un video íntimo sin su consentimiento hecho por un hombre al que conoció de manera virtual.
Su papá Miguel hoy sigue adelante por la memoria de su hija y la fortaleza que le da criar a sus nietos. “Sé que vamos a lograr algo que ya empezamos. Vamos a seguir luchando”, indicó al escuchar los aspectos principales del proyecto.
“Una justicia que escuche y actúe a tiempo”
Agustina Palencia, integrante de Gentic, una ONG especializada en géneros, feminismos y ciberviolencia, subrayó que lo que se necesita en esta época es “una justicia que escuche y actúe a tiempo” frente a la gran cantidad de denuncias que se vienen sucediendo en los últimos años.
Desde 2022, Macha trabaja estos temas junto a familiares y organizaciones de la sociedad civil. Fue impulsora, entre otras, de la Ley Olimpia, que incorpora la violencia digital como un tipo de violencia por razones de género; además, impulsó la Ley Belén y la Guía Ema, una herramienta gratuita y accesible para abordar la violencia digital en ámbitos educativos.
