Con el objetivo de sumar masa crítica al proyecto de Autarquía Económica, Financiera y Presupuestaria del Poder Judicial, representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Morón (AMFM) se reunieron con autoridades del Colegio de Abogados departamental (CAM) para avanzar en respaldos concretos a la iniciativa presentada formalmente a fines de abril.
El encuentro estuvo encabezado por Matías Rappazzo, quien además se desempeña como titular del Colegio de Magistrados bonaerense; y por Jorge Frega, presidente del CAM. En ambos casos estuvieron acompañados por integrantes de sus equipos directivos, con la finalidad de aportar distintas miradas a la propuesta que ya fue enviada a la Legislatura provincial para su abordaje.
Tal como informó en una entrevista con Primer Plano Online el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, lo que busca el máximo tribunal es que el Poder Judicial cuente con “un mecanismo autonómico de toma de decisiones, de administración de recursos, que hoy no tiene”.
En esa charla recalcó que el 92% del presupuesto provincial para la justicia se va en el pago de salarios, con lo cual la posibilidad de mejoras edilicias en infraestructura y la incorporación de tecnología siempre quedan postergadas. “El único poder que tiene vacantes sin cubrir y que no tiene la autonomía somos nosotros, el judicial, y eso es lo que la Corte está buscando cambiar”, expresó.
Las claves del proyecto de Autarquía del Poder Judicial
El proyecto que figura en la página de la Suprema Corte establece 5 ejes troncales para la reforma:
–Jerarquización salarial de magistrados, funcionarios y agentes judiciales, procurando una asignación racional de los recursos así como una gradual y progresiva relación de razonable paridad y equivalencia con las remuneraciones promedio de la justicia federal para todo el personal;
–Modernización de la infraestructura judicial de acuerdo a un plan de obras y en la adquisiciones de inmuebles, considerando las necesidades proyectadas para el mediano y largo plazo;
–Actualización tecnológica en pos de la consolidación de la gestión digital, mediante la adquisición de equipamiento y el desarrollo de programas para la mejora en la eficacia del servicio de justicia;
–Capacitación permanente de todo el personal;
–Creación, cobertura y desconcentración territorial de órganos y dependencias, atendiendo las necesidades de aquellas zonas que presentan considerables niveles de litigiosidad y cantidad de población para acercar el servicio de justicia y descongestionar la actividad de las cabeceras departamentales.
En cada uno de esos casos, está claro que nadie mejor que los operadores del sistema para dar su mirada sobre lo que se necesita. Tampoco es fortuito el momento elegido para avanzar con el reclamo: el clima de época, con un cambio de Gobierno próximo en la provincia de Buenos Aires (el 10 de diciembre de 2027 asumirá un nuevo Gobernador) y la irrupción de herramientas como la Inteligencia Artificial hacen propicio su abordaje.
Desde los diversos ámbitos en debate coinciden en señalar, asimismo, que la autarquía presupuestaria “no debe ser considerada una concesión política ni un privilegio corporativo, sino la respuesta a una manda constitucional: el judicial es el único poder del Estado que no maneja sus propios recursos”, como sí hacen el Ejecutivo y el Legislativo.
Del cónclave realizado en Morón también participaron la vicepresidenta primera de la AMFM, Mercedes Conti; la secretaria de la entidad, Andrea Molaro; y los representantes del CAM Bárbara Pepe, Gabriela Isla y Gustavo Budiño.
