La imputación contra los responsables de la red Argentina Salud, que la semana pasada fue desmantelada por la justicia, recibirán en los próximos días una ampliación de los delitos por los que permanecen detenidos. Así lo pudo confirmar Primer Plano Online con fuentes de la investigación en curso, que sumó en las últimas horas más de 30 denuncias de escuelas y otras instituciones de bien público que habían contratado sus servicios.
“Son varios hechos que se van a ir agregando al expediente”, precisó un vocero de la pesquisa. Hay, asimismo, delitos ambientales como la incineración al aire libre de medicamentos vencidos y de insumos médicos en el fondo de una farmacia que funcionaba sin ningún tipo de habilitación.
De las 6 personas que tenían orden de detención dispuesta por el juez Rubén Ochipinti, del Juzgado de Garantías N° 3 de La Matanza, 4 se negaron a declarar ante el fiscal Fernando Garate, a cargo de la mega causa: Alberto Santarceri, su pareja Noelia Luna, y los hijos del empresario, Brian Santarceri y Nicolás Santarceri.
Sólo hablaron Dunia Suazo, quien confirmó la hipótesis de la Fiscalía, reveló ser médica pero en su país de origen, Cuba, sin habilitación para ejercer en Argentina, y que lo hacía usando un sello provisto por Santarceri de una médica de nombre Sofía Luna. El otro que habló muy escuetamente fue Gabriel Musse, quien se limitó a contar que era empleado de la red y se encargaba del mantenimiento de las ambulancias.
El complejo entramado que se descubrió tras la denuncia de una cirujana
La denuncia original que destapó la red fue presentada por una cirujana plástica que fue convocada para atestiguar en un juicio, pero en un episodio del que no participó nunca como profesional. Sin embargo, la justicia le mostró documentación con su sello y firma que ella rechazó: así se inició la pesquisa.
La gran pregunta que subyace al caso y que por ahora nadie responde: ¿cómo pudo funcionar semejante red clandestina sin ningún tipo de control?
Eso se corroboró luego con el relato de una extrabajadora de los establecimientos, que aportó datos clave para el avance de la investigación. Y una vez llevados adelante los procedimientos, uno de los aprehendidos -luego liberado- de nombre Gonzalo Covarrubias declaró algo similar a lo que expresó Suazo.
Reveló que es médico, que se recibió en su país natal (Bolivia) pero que no tenía autorización para ejercer la medicina en nuestro país. “Una compañera me contactó con Santarceri y empecé a trabajar. Santarceri me dio un sello a nombre del doctor Gonzalo La Torre y una oficina para desempeñarme en una de las sedes de Virrey del Pino”, narró en su testimonial.
También contó que a veces realizaba emergencias en escuelas (sí, atendía niñas y niños que tenían alguna dificultad de salud) y que le pagaban 80.000 pesos por guardia de 24 horas. Ese testimonio es una prueba que la justicia considera fundamental: allí se configura la estafa que padecieron establecimientos que contrataban los servicios de Argentina Salud.
Una estructura sanitaria clandestina
La estructura sanitaria clandestina estaba compuesta también por consultorios médicos ilegales en donde se ofrecían especialidades de alta complejidad como cirugías y servicios como diagnóstico por imágenes, laboratorio, pediatría, psicología y nutrición, entre varias más. La red contaba también con farmacias sin habilitación y una flota de falsas ambulancias, ahora decomisadas.
Según precisaron los voceros consultados, durante los procedimientos incautaron medicamentos e insumos valuados en más de 80 millones de pesos de mercado, entre varios elementos de valor probatorio como los residuos en el fondo de una farmacia en donde aparecieron productos incinerados sin ningún tipo de cuidado. Eso se encontró en el inmueble de la calle Fortín Yunka al 600 del Barrio Esperanza, en Virrey del Pino.
“Se hallaron restos de medicamentos parcialmente incinerados y extrañas excavaciones realizadas en distintos sectores del terreno”, detallaron las fuentes. Esa situación que motivó la inmediata convocatoria de personal especializado del Departamento Delitos Ambientales, la División Unidad de Búsqueda De Evidencia y la División Canes de Bomberos, todos de la Policía Federal.
En los allanamientos el arqueo final arrojó el secuestro de una escopeta y dos pistolas con gran cantidad de municiones; 286 sellos de profesionales de la salud, gran cantidad de talonarios y recetarios médicos; 3200 historias clínicas; 36 teléfonos celulares; 48 computadoras y dispositivos electrónicos. Todo ese material es ahora evidencia que la justicia pericia. Es probable que todos esos profesionales a los que les fraguaron identidad sean convocados a declarar.
Otra hipótesis que emerge del expediente es que la estructura delictiva se dedicaba también a la piratería del asfalto (robo de mercaderías en tránsito), y que el capital obtenido de esos hechos lo blanqueaba a través de Argentina Salud. La investigación no se cerró: conectan nexos entre distintos hechos para establecer la cantidad de casos en que sus protagonistas podrían estar vinculados.
