La oposición política en Morón dejó de lado por un instante sus divergencias y se unió detrás de un proyecto de decreto para interpelar al intendente, Lucas Ghi, sobre el escándalo de la narcofuncionaria Luna Suyai Ortigoza (27), quien permanece prófuga de la justicia desde el viernes pasado tras el hallazgo de medio kilo de cocaína en su casa de Castelar sur.
El texto fue redactado por la concejal Analía Zappulla (LLA) y acompañado por sus pares de bancada Cristian Morales, Cecilia Solía, Pablo Miño, María Mobilia y Pablo Tozzi, además de Claudio Faro (PRO), Daniela Cáceres (Nuevo Pro Morón), Ariel Aguilera (Todo por Argentina) y Alejandra Liquitay (La Libertad Avanza).
“Pasamos, en menos de un año, de tener extorsionadoras infiltradas en el área encargada de cuidarnos a tener funcionarias de alta jerarquía -con firma, poder político y manejo de recursos- prófugas y sospechadas de integrar bandas dedicadas al narcotráfico. Esto ya no es un hecho aislado: es una falla sistémica en los controles del Departamento Ejecutivo y una muestra de debilidad institucional o simple complicidad”, expresaron en uno de los tramos más fuertes de la minuta legislativa.
Se refieren, además del caso de Ortigoza, al de Karen Cufré, la extrabajadora de la Secretaría de Seguridad que se desempeñaba en la Central de Monitoreo Descentralizada de plaza Alsina, en Villa Sarmiento. Ella fue detenida en febrero pasado acusada de integrar una organización delictiva que cometía extorsiones virtuales que terminó con la vida del soldado el Ejército Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta Presidencial de Olivos.
Un juego de ajedrez político: ¿alcanzan los votos?
En diálogo con Primer Plano Online, la concejal Zappulla explicó que el proyecto fue redactado en la mañana de hoy martes y la idea es que se pueda tratar el jueves sobre tablas en la sesión ordinaria prevista. “Es un pedido de informes tal cual lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para que el intendente o el funcionario que él designe venga a dar las explicaciones del caso”, detalló la edil.
Zappulla señaló también que hubo una reforma parcial en la legislación y allí se estableció que, si el pedido de interpelación no es respondido en tiempo y forma, es decir, si el intendente o el funcionario que él delegue no asiste en el término de 5 días, es considerado una falta grave. De todos modos, primero la iniciativa debe ser aprobada por el Concejo Deliberante, donde el oficialismo está totalmente partido y la oposición no logra llegar contar con mayoría propia.
“Morón atraviesa una de las crisis institucionales, éticas y de seguridad más profundas de su historia reciente”, se fundamenta. “Lo que eleva este caso (el de Ortigoza) a una categoría de extrema gravedad institucional es la alarmante reincidencia y la absoluta falta de filtros internos por parte de la gestión municipal”, continúa el texto.
“La seguridad de un distrito no se limita únicamente al despliegue de patrulleros en las calles; comienza por garantizar que las propias estructuras del Estado municipal no estén perforadas por el delito organizado. El intendente municipal es el máximo responsable de la seguridad y de la integridad institucional de Morón. Es su deber inclaudicable velar por la idoneidad moral de las personas a las que decide confiarles el presupuesto, el poder político y el acceso a las dependencias públicas”, completó Zappulla en su presentación.
Qué dice el pedido de interpelación
Artículo 1°: Solicitar al Intendente Municipal que, en un plazo perentorio no mayor a cinco (5) días hábiles, informe con carácter de urgencia, ante este Honorable Cuerpo, de conformidad con el artículo 108 inciso 7 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sobre la gravísima situación institucional, administrativa y patrimonial derivada de la orden de captura de la ex directora Luna Suyai Ortigoza, al frente del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del Municipio de Morón. En virtud de tratarse del segundo escándalo penal en el último año que involucra a personal municipal, se deberá precisar detalladamente el siguiente temario:
a) Responsabilidad del Intendente y Control de Gabinete: Atendiendo a las facultades de designación que posee el Intendente Municipal, informar qué mecanismos directos de control, evaluación y seguimiento ejerció la máxima autoridad del Ejecutivo sobre su funcionaria política antes y durante el ejercicio de su cargo. Explicar si el Intendente recibió alertas o informes de las áreas de seguridad sobre las actividades de Ortigoza, y si asume la responsabilidad política y funcional por la infiltración del narcotráfico en las segundas líneas de su estructura de gobierno.
b) Mecanismos Preventivos y Alertas Tempranas: Detallar si, tras el grave antecedente pasado —donde una empleada de la Secretaría de Seguridad de este Municipio fue investigada y detenida por participar en una red de extorsiones virtuales—, el Departamento Ejecutivo implementó algún protocolo específico de auditoría de conducta pública, control de perfil ético o análisis patrimonial preventivo para evitar que personas vinculadas a redes criminales accedan o permanezcan en funciones del Estado local. Si la respuesta es afirmativa, remitir copia de dicha normativa interna.
c) Situación de Revista y Acto Administrativo: Remitir copia del Decreto o Resolución por el cual el Intendente Municipal dispuso el cese, baja o desvinculación de la exdirectora Luna Suyai Ortigoza, especificando la fecha exacta de su efectivización. Aclarar si al momento del allanamiento judicial del pasado viernes 22 de mayo en su domicilio de Castelar, la exfuncionaria gozaba de alguna licencia formal o vacaciones, y copia del último recibo de haberes.
d) Resguardo Patrimonial y Tecnológico: Remitir el acta de inventario de los bienes municipales asignados a Ortigoza o a la Dirección a su cargo (vehículos oficiales, tarjetas de combustible, teléfonos corporativos, computadoras). Detallar qué medidas urgentes de seguridad informática se adoptaron para bloquear de inmediato sus accesos a los sistemas del Municipio y resguardar las bases de datos, las cuales contienen información sumamente sensible e identidades de víctimas de violencia de género.
e) Acciones Judiciales y Sumarios Internos: Informar si el Municipio de Morón se ha presentado como particular damnificado en la causa penal por presunta comercialización de estupefacientes que instruye la UFI N° 9. Detallar si se ha iniciado un sumario administrativo interno orientado a determinar la existencia de posibles nexos, cómplices o facilitadores dentro del organigrama municipal que pudieran haber brindado cobertura o recursos logísticos para las actividades ilícitas investigadas.
f) Antecedentes y Filtros de Idoneidad: Remitir copia del legajo laboral y el certificado de antecedentes penales presentado por Ortigoza al momento de su designación política. Informar si el Municipio exige de manera obligatoria la actualización anual de reincidencia penal para la planta jerárquica y el personal de áreas críticas.
g) Continuidad Operativa: Informar quién ha quedado transitoriamente a cargo del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad para garantizar el normal funcionamiento del área y el resguardo físico y legal de los expedientes.
